Cuando la precariedad es norma: sostener el sistema desde el desgaste

Digámosle Xenia. Porque en este sector, los nombres cambian, pero la historia se repite. Xenia no es un nombre. Es una condición compartida. No es un caso aislado ni una excepción: es un patrón estructural que atraviesa el sector de la acción social.

Xenia sale del trabajo preocupado. Gestiona vulnerabilidades ajenas y propias. Encadena jornadas, sostiene situaciones límite, y sin embargo, a final de mes, los números no salen. Busca otro trabajo por llegar. Cuida a los demás, pero no tiene tiempo —ni energía— para cuidar a su familia, su red ni a sí misma. Podría parecer un caso anecdótico pero no lo es.

Según elInforme del Estado de la Educación Social en Cataluña (2023)una parte significativa de las profesionales necesita más de un trabajo para garantizar una mínima estabilidad económica. Este dato evidencia que la precariedad laboral no es puntual, sino estructural dentro del sector (Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya, 2023). No estamos frente a excepciones, pero sí de una forma de organización del trabajo que desplaza el coste del sostenimiento del sistema hacia las trabajadoras.

Sin embargo, la precariedad no es sólo económica; es también psicosocial. Trabajar en contextos de vulnerabilidad implica una exposición continua a situaciones de sufrimiento, urgencia y complejidad creciente. El aumento de la vulnerabilidad social en los últimos años ha incrementado la presión sobre los servicios sin que esto se haya acompañado de un aumento proporcional de los recursos ni mejoras en las condiciones laborales. El resultado es un desgaste emocional sostenido, frustración y, en muchos casos, agotamiento profesional.

¿Quién cuida a quien cuida? En este contexto, el soporte a menudo recae en equipos igualmente tensionados. El autocuidado se convierte en un privilegio y no una condición garantizada. Cerrar turno no significa desconectar: ​​las situaciones vividas persisten, se procesan fuera de horas y se cargan en el cuerpo.

Es cierto que el sistema se sostiene. ¿Pero a qué precio? Si no se cae, es gracias a la implicación de las profesionales. En aras de la vocación, se asumen cargas que exceden el marco laboral, se flexibilizan límites y se normalizan condiciones que, en otros sectores, serían inaceptables. Esta constante apelación a la vocación actúa como un mecanismo de legitimación de la precariedad.

Los datos también muestran una realidad estructural de género: aproximadamente el 79,39% de las profesionales del sector son mujeres (Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña, 2023). Esta feminización no es neutra, puesto que se inscribe en una lógica histórica de desvalorización de los trabajos de cuidados, a menudo invisibilizados e infrapagados.

Mientras, el conflicto laboral en el sector no se detiene. En Barcelona, ​​las trabajadoras de los servicios sociales han protagonizado movilizaciones y huelgas denunciando la sobrecarga, la degradación de las condiciones laborales y la carencia de recursos. Sin embargo, el sector ha mantenido de manera sostenida la atención: los servicios raramente se interrumpen, incluso en contextos de protesta o crisis. A diferencia de otros ámbitos -como la sanidad, la educación o equipamientos públicos-, la actividad no se detiene o sólo lo hace parcialmente. Incluso durante la pandemia, la atención se siguió prestando —con adaptaciones y limitaciones— sin una interrupción generalizada, lo que evidencia hasta qué punto el sistema descansa sobre esta disponibilidad permanente.

Esta situación pone en evidencia una contradicción significativa: mientras en algunos servicios públicos el salario base puede situarse en torno a los 2.000 €en el tercer sector -regido por el convenio de acción social- muchas profesionales se encuentran muy por debajo de este umbral, sin equiparación ni reconocimiento. Esta desigualdad también se explica por las dificultades estructurales de las entidades sociales para sostenerse económicamente y, al mismo tiempo, cuidar a sus trabajadoras. A menudo se ven obligadas a asumir servicios financiados por debajo de su coste real, en un marco en el que la financiación pública y el reconocimiento institucional no permiten garantizar mejoras salariales sostenidas.

En ese contexto, es imprescindible abordar una cuestión clave: la financiación de las entidades sociales. No se puede garantizar equipos estables ni una atención de calidad si estas organizaciones trabajan con inseguridad económica. Es necesaria una financiación pública más justa, suficiente y estable, especialmente en los servicios sociales prestados mediante conciertos, convenios u otras fórmulas de colaboración continuada. La dependencia de subvenciones anuales o inciertas dificulta la planificación, debilita las condiciones laborales y afecta a la calidad de la atención. La provisionalidad no puede regir un ámbito que necesita tiempo, continuidad y vínculo.

La desigualdad es interna en el propio sistema. Asimismo, las organizaciones sindicales llevan años denunciando el bloqueo del convenio del sector. Tras más de seis años de negociaciones, las mejoras no han permitido recuperar el poder adquisitivo ni garantizar condiciones laborales dignas, perpetuando una precariedad cronificada. Por tanto, mientras las mejoras no llegan, el desgaste se acumula.

Hay que tener en cuenta que las consecuencias de este modelo no afectan sólo a las profesionales. La rotación constante, la fragilidad de los equipos y los vínculos rotos tienen un impacto directo en las personas atendidas y en las propias entidades sociales, que ven comprometida su capacidad de sostener equipos estables y proyectos a largo plazo. Así, la precariedad laboral se traduce también en precariedad en la intervención social.

Esto no es casual. Es el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. No se trata sólo de una carencia de recursos, sino de una cuestión de prioridades. Lo que se regula, lo que se financia y lo que se paga define lo que se considera esencial. Y hoy, el trabajo socioeducativo sigue sin ocupar ese puesto.

La precariedad, en este contexto, se convierte en una forma de violencia institucional: una violencia que se manifiesta en el desgaste, en la inestabilidad y en la dificultad de sostener lo que, precisamente, se pide sostener. Las profesionales de la acción social están sosteniendo una crisis estructural con su propio bienestar emocional. Pero ese sostén tiene límites.

¿Hasta cuándo se seguirá sosteniendo este sistema a costa de la precarización de quien lo hace posible? ¿Qué sociedad estamos construyendo si las personas que sostienen el bienestar colectivo viven en condiciones de inestabilidad y desgaste?