Los presupuestos prevén 78 millones hasta el 2030 para sinhogarismo, 1.000 nuevas plazas residenciales y acogida de migrantes
El proyecto de presupuesto presentado por el Govern este viernes contempla destinar 78 millones hasta el 2030 para elaborar un Plan de choque de respuesta al sinhogarismo y el chabolismo (30 millones), crear 1.000 nuevas plazas residenciales (23 millones) y para la acogida de personas migrantes y refugiadas (7 millones).
Las cuentas reservan 41 millones para proyectos prioritarios pactados ya para este 2026. En total, el presupuesto del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión suma 4.248 millones de euros, un 28% más que en 2023. Con estos recursos, el Gobierno quiere reducir las listas de espera en dependencia, con un incremento de 179.
También se consolidan los incrementos salariales en el sector social y se avanza hacia la equiparación con un nuevo modelo de fijación de tarifas de los servicios de la Red Pública de servicios sociales.
Las cuentas incluyen el impulso de 15 nuevas residencias públicas y 1000 nuevas plazas; 150 millones de euros más en el sistema de tarifas para mejorar salarios y condiciones laborales; y otros 50 millones por la transformación del sistema de protección a la infancia.
También prevé incorporar a un centenar de profesionales para la gestión coordinada del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Por lo que respecta al sistema de protección a la infancia, se quiere reforzar los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EIA), los Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS) y los Centros de Desarrollo y Atención Precoz (CDIAP), impulsar la desinstitucionalización de los niños de 0 a 6 años y establecer un plan para conducta de 0 a 6 años.
Protección y promoción social
Si sólo se tienen en cuenta las políticas de protección social, el documento asegura que 3.913 euros se destinarían a este ámbito. Algunas de las prioridades marcadas aquí son la reducción de los tiempos de espera en la dependencia y la discapacidad, la consolidación territorial del modelo Barnahus para la atención de niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales, poner en marcha elAgencia Integrada Social y Sanitaria y reformar la ley de la RGC para facilitar su acceso y hacerla compatible con el IMV y otras prestaciones.
Por lo que se refiere a las políticas de promoción social, se proyectan 70 millones de euros, con objetivos como el desarrollo de un nuevo Plan Nacional de Juventud 2030 y el impulso de programas de apoyo a la emancipación de los jóvenes, entre otros.
Estos 70 millones incorporan también partidas que se enmarcan en actuaciones de la conselleria de Igualdad y Feminismos, con formaciones y acciones de sensibilización en políticas de igualdad de género, por ejemplo.
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