USTEC llevará a los tribunales la infiltración de mossos en una asamblea docente
El sindicato USTEC ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales a raíz de la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea docente la semana pasada en Barcelona, unos hechos que considera “una vulneración gravísima del derecho de reunión, del derecho de huelga y de la libertad sindical”.
La organización sindical denuncia que el Gobierno está tratando el personal movilizado “como una amenaza de orden público” y alerta de la normalización de prácticas de infiltración, seguimiento, identificación e intimidación contra docentes y personal de atención educativa en el marco de las movilizaciones educativas.
USTEC ha avanzado que solicitará formalmente al Departamento de Interior el acceso completo a todos los informes, actas, diligencias, ficheros y comunicaciones relacionadas con asambleas, huelgas y movilizaciones educativas. El sindicato reclama conocer qué datos se han recogido, con qué finalidad, quién los ha tratado y si se ha registrado información vinculada a la participación sindical, la asistencia a asambleas o el seguimiento de huelgas.
Además, el sindicato ha anunciado que traerá los hechos ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos y estudia presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Esta acción podría incluir medidas cautelares y la reclamación de toda la documentación policial relacionada con estas actuaciones.
Según USTEC, estos hechos forman parte de una actuación policial sostenida contra el personal educativo movilizado. El sindicato recuerda que, según una respuesta parlamentaria del Departamento de Interiorha habido hasta 80 identificaciones o denuncias vinculadas a las movilizaciones del sector educativo.
Por todo ello, la organización exige la dimisión inmediata de la consejera de Interior, Núria Parlon, a quien acusa de amparar una actuación “incompatible con los derechos fundamentales y con el respeto a la actividad sindical ya los espacios asamblearios”.
El sindicato reclama también responsabilidades políticas y policiales, explicaciones públicas y el cese de cualquier práctica de vigilancia sobre asambleas docentes.
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