Moratoria de desahucios rebajada en plena emergencia habitacional – Sindicato de Alquiladoras
Hoy el Gobierno del Estado ha aprobado un decreto que incluye la prórroga de la moratoria de desahucios para 2026, después de que el Congreso la rechazara la semana pasada, con los votos de Junts, PP y Voxel decreto que incorporaba las medidas de lo que se llama escudo social.
La aprobación de la moratoria de desahucios junto al resto de medidas del escudo social no es fruto de la voluntad política del Gobierno, sino resultado directo de la presión social y de las movilizaciones de la semana anterior en más de diez ciudades como respuesta a la eliminación de la moratoria de desahucios. Sin embargo, la medida vuelve aún más rebajada y no da una solución real a las 60.000 familias vulnerables que están en riesgo de ser desahuciadas sin alternativa habitacional.
Una moratoria insuficiente que deja fuera aún a más familias vulnerables
La moratoria aprobada hoy prorroga formalmente la suspensión de los desahucios pero lo hace con un alcance limitado y más restrictivo. En primer lugar, porque su aplicación requiere un procedimiento burocrático prácticamente imposible que recae sobre las familias vulnerables, además de que su aceptación depende en última instancia de la discreción del juez, lo que acaba dejando fuera a muchos domicilios vulnerables. En segundo lugar, el nuevo decreto introduce excepciones y límites que facilitan que continúen los desahucios y excluye de las situaciones de aplicación, por ejemplo, los casos en los que la familia vulnerable viva en una vivienda de la que el arrendador sólo tenga un piso en alquiler.
En definitiva, el Gobierno, en vez de centrarse en proteger a las familias en riesgo de desahucio, mejora la ley para los arrendadores, hacia quienes ya se prevén compensaciones. De hecho, en Catalunya, el 80% de las compensaciones han sido solicitadas por empresas, cifra que demuestra que detrás de la mayoría de desahucios están los grandes propietarios y no los particulares.
Proteger todos los hogares inquilinos para acabar con los desahucios
En el peor momento del mercado del alquiler, esta decisión supone un retroceso en materia de vivienda y una clara cesión a los intereses de los propietarios y del sector inmobiliario. La moratoria aprobada es, una vez más, un parche que no resuelve el problema de fondo. No frena la expulsión sistemática de inquilinos ni da respuesta a la realidad actual del alquiler.
Hoy, la emergencia habitacional no se expresa sólo en desahucios judiciales, sino en desahucios invisibles debidos a las subidas del alquiler (en las zonas no tensionadas) oa las no renovaciones de contratos a las que se exponen cientos de miles de hogares inquilinos. Por eso es necesario prorrogar de forma obligatoria todos los contratos de alquiler, además de aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos prevista en el Congreso para blindar la regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias.
La única forma de acabar definitivamente con todos los desahucios es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hay que bajar los precios del alquiler, dar estabilidad a los inquilinos, recuperar las viviendas turísticas y vacías, sacar los pisos de las manos de los fondos buitres y grandes tenedores, y poner fin a las cláusulas abusivas ya las estafas inmobiliarias.
