El Parlamento aprueba un organismo público para defender los derechos humanos frente a los abusos empresariales

Este miércoles, el Parlamento de Cataluña ha aprobado, después de más de diez años de negociaciones, la Ley del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, un organismo público e independiente que velará por que las empresas que operan en Cataluña no vulneren los derechos humanos y ambientales, tanto en territorio catalán como en los países del sur global en el que desarrollan actividad.

El Centro podrá investigar demandas de comunidades afectadas por actividades empresariales, emitir informes públicos y proponer políticas respetuosas con los derechos humanos por parte del sector empresarial. Así, el organismo investigará e informará sobre las actividades de las empresas que operan en Cataluña y dará seguimiento a demandas sobre posibles vulneraciones de derechos humanos.

El Centro dependerá del Departamento de Unión Europea y Acción Exterior y será independiente del poder corporativo. “Ahora las administraciones y la sociedad catalanas podrán disponer de una herramienta para fomentar buenas prácticas empresariales y garantizar una contratación pública y un consumo justo y responsable”, ha celebrado Lafede.

Más de 10 años de negociaciones

En 2015, el Grupo Catalán de Empresa y Derechos Humanos empezó a trabajar en esta propuesta, que en 2020 fue admitida por primera vez en el Parlament. Desde entonces, más de 8.000 organizaciones sociales, sindicatos, ayuntamientos y plataformas cívicas han apoyado la iniciativa, hasta que se logró que en marzo de 2025 se registrara por tercera vez. Esta vez con poco más de un año ha sido posible finalizar el trámite parlamentario.

Ahora, Lafede ha pedido celeridad para pasar a la acción: “Emplazamos al Gobierno de la Generalitat para que trabaje lo más diligentemente posible para crearlo dentro de lo establecido en la ley”, ha reclamado Júlia Martí, portavoz del Grupo catalán de empresa y derechos humanos, en el Parlament. Piden a la Generalitat que dote al nuevo organismo de los recursos necesarios para que pueda empezar a operar este mismo 2026. También ven necesario que se agilice la redacción y aprobación del reglamento y recuerdan que la ley establece un plazo de seis meses para constituir el Consejo Asesor que escogerá la Junta de gobierno.