El Parlamento aprueba la Ley del Tercer Sector Social
Ya tenemos Ley. Ahora, avanzamos. Con este mensaje celebraba ayer por la tarde la Mesa del Tercer Sector la aprobación por parte del Parlament de Catalunya de la ley que reconoce el trabajo esencial de las 3.000 entidades sociales catalanas y su papel junto a las personas.
La norma reconoce el papel esencial de las entidades sociales y su función de servicio público. También da un marco legal propio a más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para garantizar derechos, combatir las desigualdades y acompañar a más de 2 millones de personas en situación o riesgo de exclusión social.
En Cataluña, el sector suma más de 120.000 profesionales y miles de personas voluntarias. En una sociedad de 8 millones de habitantes, una de cada cuatro personas recibe en algún momento el soporte de una entidad social catalana.
La tramitación se ha alargado cuatro años. El texto se registró en mayo de 2022, decayó en 2024 con la convocatoria de elecciones anticipadas y volvió a registrarse en marzo de 2025.
La Ley da más reconocimiento institucional al tercer sector social y crea un marco estable para que las entidades puedan trabajar con mayor seguridad y continuidad. El objetivo es reforzar su capacidad de acción y, de rebote, mejorar la atención y la garantía de derechos de las personas.
Financiación y empleo de calidad
La Ley no fija una dotación económica concreta, pero incorpora herramientas para avanzar hacia un sector más estable y sostenible, reforzando la financiación, la estabilidad económica y las estructuras del sector, como el Plan de impulso y promoción de las entidades del tercer sector social en Cataluña. También apuesta por mejorar la calidad del empleo y avanzar hacia condiciones laborales equiparables a las de la función pública.
La aprobación de la Ley marca un hito histórico, pero el sector subraya que éste es sólo el primer paso y que ahora el reto es desplegarla para que se traduzca en mayor estabilidad, mayor capacidad de acción y una mejor respuesta a las necesidades de las personas. Con esta Ley Cataluña se alinea con otros territorios que ya disponen de un marco legal propio para el tercer sector social desde hace entre 4 y 9 años.
