El CEESC valora positivamente el plan para equiparar sueldos al sector social pero detecta “riesgos que podrían diluir el impacto real”
Desde el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) han valorado positivamente el anuncio del Gobierno de la Generalidad de impulsar un nuevo modelo de tarifas destinado a avanzar en la equiparación salarial del conjunto de profesionales del sector social en los próximos cuatro años. “Se trata de un paso necesario para corregir una desigualdad histórica que ha afectado a miles de profesionales que sostienen servicios esenciales para la cohesión social del país”, expresa el colegio en un comunicado.
El nuevo acuerdo contempla destinar hasta 600 millones de euros en cuatro años para avanzar hacia la equiparación salarial de las profesionales de los servicios sociales concertados con las del sector público. El despliegue se hará progresivamente entre este mismo año y 2030.
Las educadoras y educadores sociales sostienen que conocen de primera mano las consecuencias de la infrafinanciación estructural del sistema servicios sociales: precariedad laboral, elevada rotación de profesionales, dificultades para retener talento, desgaste emocional e impacto directo en la calidad de la atención a las personas.
Una de las cuestiones que el CEESC ha criticado del acuerdo es que se hayan tomado acuerdos que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de los profesionales sin haberles ofrecido un lugar “real” en los espacios de construcción y definición de estas propuestas. Por eso, añaden, cualquier medida orientada a dignificar las condiciones laborales del sector es una buena noticia y responde a una reivindicación sostenida durante años, “pero no puede obviar la necesidad de contar con la voz activa del sector desde el inicio”.
El acuerdo ha sido firmado el pasado martes entre el Gobierno y las patronales del sector social y los sindicatos CCOO y UGTque han valorado el acuerdo como “histórico” durante el acto de presentación del plan, encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Riesgos que pueden “diluir” el impacto real del acuerdo
Por otra parte, los educadores dicen que estarán “atentos” ante los aspectos técnicos de este acuerdo: “Detectamos riesgos que podrían diluir su impacto real”. Así, creen que un calendario de aplicación que se extiende hasta el 2030 puede resultar “excesivamente lento” para detener la actual fuga de profesionales hacia otros sectores, “un goteo de talento que el sistema no puede permitirse ahora mismo”, alertan.
En este sentido, les preocupa que el mecanismo de control se base en el concepto de “salario medio”, una métrica que, dicen, “podría ser manipulada sin que los incrementos lleguen realmente a las franjas salariales más bajas oa los profesionales de base” y reclaman que el acuerdo debe prever “penalizaciones explícitas” para aquellas entidades que, a pesar de recibir el incremento íntegra en las nóminas de sus trabajadores y trabajadoras.
Sin embargo, desde el CEESC consideran imprescindible que el acuerdo no se limite a una mejora retributiva general, sino que incorpore también el reconocimiento específico de las profesiones calificadas, entre ellas la educación social. “Hay que garantizar que las tablas salariales, las categorías profesionales y los convenios laborales reflejen adecuadamente la titulación universitaria, las funciones técnicas y la responsabilidad profesional”, avisan.
Por todo ello, reclamamos que el despliegue del modelo vaya acompañado de mecanismos transparentes de seguimiento y régimen sancionador para que los incrementos de financiación lleguen realmente a los salarios. También piden una revisión urgente de los ratios profesionales, un aspecto que, detallan, el actual acuerdo “no concreta”.
Asimismo, el CEESC apunta que es necesario mejorar las condiciones de trabajo, estabilidad contractual y reducción de la temporalidad, así como la participación de los colegios profesionales y de los agentes del sector en los espacios de gobernanza del proceso y una planificación de futuro para afrontar el aumento de necesidades sociales y la falta creciente de profesionales.
“La equiparación no puede ser una promesa a largo plazo supeditada a la voluntad de terceros; debe ser un mandato ejecutivo blindado. Invertir en las personas que cuidan, acompañan, educan y sostienen la intervención social es invertir en derechos, prevención y cohesión social”, concluyen.
Suscríbete al boletín de Social.cat para recibir las últimas novedades en tu correo.
