
Las entidades hacen frente común contra la presencia de mossos en centros educativos y exigen la retirada del plan piloto
Las plataformas ‘La Pública, la Escuela de Todos’ y ‘Desmilitaritzem l’Educació’, que reúnen a varias entidades, han mostrado, este miércoles en rueda de prensa, frente común contra la presencia de mossos en centros educativos. Las entidades han exigido la retirada “inmediata” del plan piloto y han denunciado que “estigmatiza” a determinados institutos ya su alumnado.
Jordi de Carreras, miembro de ‘La Pública, la Escuela de Todos’ ha criticado los argumentos del departamento por “justificar” el plan, defendido este martes por la consejera de Educación Esther Niubóy ha señalado que ellos sólo ven “incoherencias”. “No entendemos la medida, no entendemos a qué responde y nos preocupa mucho”, ha dicho.
Según ha denunciado, con el plan se está desviando el foco de atención de lo que reivindica la comunidad educativa: “Más educadores, integradores sociales, formación emocional y más recursos en inclusión”.
“No es una medida solicitada por la comunidad educativa, por el contrario, se piden recursos socioeducativos y no de securización de los centros”, ha subrayado. Jordi de Carreras ha cargado contra el Departamento de Educación y ha rechazado que se utilice la prevención como pretexto para desplegar el plan.
Contradicciones y críticas al plan
“Están utilizando figuras que son necesarias en último término, porque son fuerzas de seguridad”, ha dicho. Por otra parte, también ha criticado que se afirme que se busca dar respuesta a “una realidad compleja en los centros” pero, por el contrario, se dé una respuesta “simple” que no va a la raíz del conflicto.
“Todo esto son contradicciones que hacen que no entendamos esta medida, no entendemos a qué responde y nos preocupa mucho qué modelo realmente puede tener el Gobierno en la cabeza”, ha asegurado.
Sobre el hecho de que Educació insista en que el plan responde a las demandas recibidas por los servicios territoriales ha hablado Marc Plana, del Instituto Margarida Xirgu, de Hospitalet de Llobregat, uno de los centros que forman parte del plan y que este lunes protestaron contra la medida.
“Los servicios territoriales deberían estar al día de las reclamaciones y parte de estas reclamaciones son la bajada de ratios y el aumento de los recursos de los equipos sociales en los institutos”, ha apuntado. El docente ha añadido que los servicios territoriales deberían saber escuchar las reclamaciones de los profesionales educativos que están en el centro trabajando “el día a día”.
Las entidades han explicado también que la prueba piloto contraviene parte de la legislación educativa, como la Ley de Educación de Catalunya (LEC) y la Ley de fomento de la paz y han planteado incluso que podría contravenir la Convención sobre los derechos de los niños de las Naciones Unidas.
Estigmatización de los centros
Mar Hurtado, de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, ha señalado que entienden el instituto como un espacio “democrático” y ha afirmado que la violencia en los centros debe gestionarse “con respuestas pedagógicas”.
“La entrada de fuerzas de seguridad en los centros educativos puede tener un efecto contrario al deseado; el alumnado puede dejar de percibir el instituto como un espacio protector para verse señalado”, ha añadido.
Según las entidades, la medida de enviar mossos de paisano a los centros “estigmatiza” escuelas e institutos así como al alumnado y sus familias. “La presencia policial puede reducir temporalmente un incidente, sí, pero no resuelve el conflicto de raíz ni construye convivencia”, ha indicado Hurtado. De hecho, Marc Plana ha explicado que esta mañana el instituto de Hospitalet se ha levantado con pintadas y mensajes en contra de la inmigración y con cartelería de “grupos extrema derecha”.
Falta de información y decisión “unilateral”
Las plataformas han denunciado la “improvisación” del departamento, la falta de información y que el procedimiento haya sido “absolutamente opaco”. También han hablado de una decisión tomada “de forma unilateral” y sin contar con la voz de los docentes.
“A nosotros se nos ha informado tarde, se nos ha informado mal, de una forma que no ha sido nada transparente”, ha relatado Plana, que ha indicado que se han enterado sobre todo por la prensa. Este profesional ha explicado que tienen un claustro convocado en el que se les quiere informar del plan piloto, pero ha denunciado que no quieren que los profesionales voten. “Queremos tener voz y voto sobre este plan”, ha reivindicado.
Al respecto, las entidades animaron a todos los centros a que puedan verse implicados en el plan piloto a organizar claustros para debatir sobre la medida y rechazarla. De hecho, algunos sindicatos han apuntado que habría tres institutos en Osona -el Instituto Jaume Callís, el Instituto La Plana y el Instituto Condado de Osona- donde los centros habrían decidido atender la decisión de sus claustros, que han rechazado participar del plan.
Suscríbete al boletín de Social.cat para recibir las últimas novedades en tu correo.