La regularización de inmigrantes como oportunidad histórica para avanzar en derechos (si se hace bien)

El anuncio por parte del gobierno español de regularizar la situación administrativa de 500.000 inmigrantes en el conjunto del Estado (unos 150.000 en Cataluña) es, sin duda, una medida que permitirá un avance considerable en lo que respecta a los derechos y condiciones de vida del colectivo migrante. Así lo valoramos en la CONFAVC en cuanto se hizo pública una decisión que es fruto de la movilización social y de la ILP que la plataforma Regularización Ya presentó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de más de 700.000 firmas.

Recordemos que, hasta ahora, la ley de extranjería dejaba a las personas en situación irregular excluidas de la Seguridad Social y condenados a los trabajos más precarios, al margen de los contratos laborales y sin poder cotizar. En ese sentido, la regularización extraordinaria aprobada por el gobierno del Estado abre un horizonte de mejora para los sectores más vulnerables de la población. Ahora bien, desde el movimiento vecinal y las entidades sociales, queremos expresar algunas inquietudes respecto al despliegue de la ley.

A la espera de la tramitación del real decreto, prevista hacia el mes de abril, aún deben terminarse las cláusulas de los requisitos para acceder a la regularización. Si la tramitación se realiza en abril, las personas que quieran regularizar su situación tendrán hasta el 30 de junio para presentar la solicitud. Podrán optar aquéllos que lleven residiendo un mínimo de cinco meses en el Estado español y que hubieran llegado antes del 31 de diciembre de 2025. Si cumplen los requisitos, se les otorgará un permiso temporal de residencia y trabajo válido por un año.

La cuestión radica, por tanto, en los requisitos y en la letra pequeña de la normativa, que está por concretar. Llegados a este punto, desde la CONFAVC nos hacemos un par de preguntas: ¿se pedirá el padrón para poder acceder a la regularización? Cuando se habla de antecedentes penales, ¿se hará extensible a todo tipo de antecedentes policiales?

Respecto al padrón, no sería demasiado lógico que se exigiera cuando muchos ayuntamientos, especialmente en Catalunya, vulneran sistemáticamente ese derecho. De hecho, cada vez son más las administraciones locales que utilizan el padrón para estigmatizar y criminalizar a buena parte de los inmigrantes. Lo que ocurrió en Badalona, ​​por ejemplo, con el desalojo del B9, pone de relieve hasta qué punto se ha abocado a esta población a la vulnerabilidad más absoluta. No puede exigirse un documento que no se está facilitando, sobre todo teniendo en cuenta que el padrón es la puerta de entrada a otros derechos como la sanidad universal y la educación pública. Sería incoherente que, después de que el Parlamento de Cataluña firmara en junio de 2025 el Pacto por el Padrón, nos encontráramos en una situación de no reconocimiento del derecho que dejara a la población afectada sin poder optar al proceso de regularización.

La Red de Entidades por el Padrón, de la que forma parte la CONFAVCpublicó hace unas semanas un comunicado para exigir que el padrón no sea un requisito mientras se dificulte su acceso. Muchas de las entidades que trabajamos en los barrios mostramos preocupación por el decreto, ya que este punto podría entorpecer un proceso tan necesario como la regularización de más de medio millón de personas. Esperamos que se haga un ejercicio de comprensión de la realidad social y no se cometa lo que sería un grave error.

Otro punto que genera dudas es el de los antecedentes penales. Se pedirá que el solicitante acredite que no tiene durante los cinco años anteriores a los trámites. Sin embargo, no se ha aclarado si tener sólo antecedentes policiales podría implicar la denegación. Además, esta casuística podría ampliarse a antecedentes por delitos no relacionados con robos o acciones violentas. Dicho de otro modo: ¿contarán los antecedentes por razones políticas en países de dudosa calidad democrática?

Estas preguntas nos las hacemos a pocas semanas de la tramitación del real decreto. No son meras lagunas legales; su concreción afectará a la vida de miles de personas que, una vez más, podrían quedarse a las puertas de los derechos fundamentales. El gobierno del Estado tiene una oportunidad histórica para ofrecer una mejor calidad de vida a las personas que dejaron atrás a sus países en busca de un futuro mejor. Es de esperar que se esté a la altura de las circunstancias.

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