Mayoría social a favor de blindar la regulación de alquileres de temporada y habitaciones en el Congreso – Sindicat de Llogateres
Más de 7.000 organizaciones del país se adhieren al manifiesto Para bajar los alquileres: ponemos fin a la brecha de los alquileres de temporada
Un centenar de plataformas y organizaciones del país que representan a más de 7.000 entidades han firmado un manifest impulsado por el Sindicato de Alquiladoras a favor de poner fin a la brecha de los alquileres de temporada. Entre ellas se encuentran los principales sindicatos laborales del país, la Mesa del Tercer Sector, las Entidades Catalanas de Acción Social, las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña o el Consejo Nacional de Juventud, entre otros. El manifiesto se ha hecho público hoy, en medio del proceso de negociaciones para que el Congreso amplíe las medidas que protegen el derecho a la vivienda y en un contexto habitacional donde los alquileres temporales y el alquiler de habitaciones siguen impactando sobre el mercado de alquiler.
Los ayuntamientos también reclaman soluciones a los grupos del Congreso
Ante esta problemática, varios ayuntamientos catalanes han comenzado a trasladar la necesidad de blindar la regulación de alquileres temporales y habitaciones en el Congreso de los Diputados mediante la aprobación de mociones municipales. Barcelona, Sabadell, Sitges, Olot, Rubí, Vilanova y la Geltrú, Mollet del Vallès, Blanes, Tárrega, Barberà del Vallès y Viladrau han dado este paso, evidenciando un consenso creciente en el mundo local ante la urgencia de hacer cumplir la regulación catalana y perseguir los fraudes de leyes y la necesidad de blindarla en el Congreso. Es destacable que, en varios de estos ayuntamientos, Junts per Catalunya ha votado a favor de la moción (Olot, Vilanova y la Gletrú, Tàrrega) y en otros ha decidido abstenerse y no votar en contra. Las mociones se trasladarán a los grupos parlamentarios del Congreso, al Gobierno de la Generalitat y al Ministerio de Vivienda.
El alquiler de temporada en cifras
La proporción de contratos de temporada sobre el total en Cataluña han pasado del 0,8% en 2021 al 10,08% en 2024 según INCASÒL. Sólo entre 2023 y 2024 aumentaron un 44% en Cataluña, suponiendo un 20% del total de contratos firmados en ciudades como Barcelona. Esta fórmula ha permitido incrementar precios sin límite y ha generado un incentivo para sustituir a inquilinos con contratos habituales por alquileres temporales o de habitaciones (a menudo bajo la fórmula de colivings). Con la entrada en vigor de la Ley 11/2025 se activa la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones en Cataluña y el tope de precios en esta modalidad, aunque las plataformas de alquiler y las agencias de coliving siguen anunciando mayoritariamente pisos con precios que se saltan la ley.
Un febrero decisivo para que el Congreso garantice el derecho a la vivienda
El Sindicato de Alquiladoras llevamos meses presionando a los grupos parlamentarios del Congreso para que aprueben una reforma legislativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que proteja definitivamente los hogares inquilinos. Esta reforma incorpora, en primer lugar, una ley que regula los alquileres temporales y de habitaciones en todo el estado, lo que blindaría y reforzaría la regulación de alquileres catalana. En segundo lugar, se incorporarían prórrogas obligatorias a los contratos de alquiler vigentes, lo que daría estabilidad a los 155.000 hogares catalanes a los que se les finaliza el contrato de alquiler este 2026. Por último, la reforma incorpora una batería de reformas que protege a los inquilinos ante las principales estafas por parte de inmobiliarias: retorno de fianzas o reparación y mantenimiento de los inmuebles.
Esta reforma de la LAU se prevé que se vote en el Congreso de los Diputados este mes de febrero, y para que obtenga mayoría parlamentaria será necesario que Junts se abstenga, dado que ya cuenta con el apoyo de un amplio espectro de partidos (PSOE, PNV, ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG). Además, a principios de marzo el Congreso tendrá que votar también la convalidación de la moratoria de desahucios por familias vulnerables y el escudo social, aprobados el 3 de febrero por el Consejo de Ministros.
