Más de 110 organizaciones exigen al Gobierno español que se posicione en contra del nuevo reglamento de deportación europeo
El pasado 22 de abril se debatió en el Parlamento Europeo sobre el nuevo reglamento de retorno que permitiría simplificar y agilizar, según denuncian organizaciones y entidades sociales, la deportación de personas migrantes a terceros países en los llamados “centros de retorno”.
Ahora, más de un centenar de entidades sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de políticas antirracistas de todo el Estado, —entre otros, SOS Racismo, Espacio Afro, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Oxfam o el Servicio Jesuita a Migrantes— han firmado una carta enviada a los miembros del Parlamento la aprobación del Reglamento Europeo de Retorno. Al mismo tiempo, las propias entidades y organizaciones han enviado otra carta a la Presidencia del Gobierno Español, pidiendo que el Estado se posicione en contra de esta propuesta.
Más concretamente, lo que alertan es que con la aprobación del reglamento se obligaría a los Estados miembros de la UE a identificar a las personas en situación administrativa irregular. Esto, manifiestan, daría paso a redadas policiales, aumentando así el número de detenciones y deportaciones de personas migrantes.
Alertan también de que, aunque los retornos serían en países considerados “seguros”, probablemente serían territorios sin ningún vínculo con la persona afectada. Además, cuestionan que estos terceros países sean abanderados de la defensa de los derechos humanos, y que sea en esos territorios en los que se construyan los centros de retorno. Recuerdan que la aprobación de este documento significa que el reglamento pasaría a formar parte del orden jurídico europeo y, por tanto, habría cobertura jurídica para poner en marcha determinadas acciones.
Con estas actuaciones, aseguran que se normalizaría el perfil racial, teniendo más en cuenta el aspecto físico o el lugar de nacimiento, ignorando la buena conducta individual. Asimismo, denuncian el uso de tecnologías para “rastrear” los pasos de las personas y aumentar la vigilancia sobre personas migrantes en situación irregular.
Las organizaciones firmantes señalan que les “preocupa profundamente la normalización de medidas que refuercen la criminalización de la migración, el perfil racial y la erosión de las garantías fundamentales propias del Estado de derecho”.
Las entidades y organizaciones lamentan que estas medidas generan miedo entre la ciudadanía y podrían llegar a romper lazos comunitarios ya establecidos.
Concluyen que “como respuesta a un fenómeno global de criminalización y persecución de las personas migrantes, es fundamental mantener un compromiso firme con los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su origen y su situación administrativa, y con el Estado de derecho”.
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