Los sindicatos de vivienda ocupan el Ayuntamiento de Barcelona para denunciar el deterioro de los realojos de emergencia

Varias organizaciones por el derecho a la vivienda, como la PAH Barcelona, ​​la Coordinadora de Sindicatos de Vivienda de Cataluña (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña han ocupado este martes el Ayuntamiento de Barcelona -coincidiendo con la celebración de la Comisión de Derechos Sociales- para denunciar lo que consideran un empeoramiento del sistema. Las entidades acusan al gobierno del PSC de reducir los alojamientos temporales de urgencia (ATU) y alertan de que este cambio llega en un contexto de aumento de los desahucios y de crecimiento del sinhogarismo.

Según los colectivos convocantes, los cambios introducidos por el gobierno municipal desde la entrada del PSC han comportado una reducción progresiva de los recursos destinados a la emergencia habitacional. En este sentido, denuncian que el número de plazas en los ATU se ha reducido un 30%, que se han endurecido las condiciones de estancia y que la gestión de los alojamientos temporales presenta deficiencias que afectan a las personas desahuciadas.

Las entidades vinculan esta situación a la evolución de la crisis de vivienda en la ciudad. Aseguran que, por primera vez desde 2013, los desahucios han aumentado durante dos años consecutivos en Barcelona y alertan de que el fin de la moratoria estatal podría agravar aún más esa tendencia. También afirman que la inversión municipal en construcción de vivienda pública se redujo un 64,5%, mientras que la compra de viviendas por tanteo y retracto cayó un 80%.

Asimismo, recuerdan que el sinhogarismo ha crecido un 43% en los últimos dos años y señalan que el Registro de Viviendas Vacías de la Agencia de la Vivienda de Catalunya identifica cerca de 2.000 pisos vacíos en manos de grandes tenedores en Barcelona, ​​una cifra que, remarcan, no incluye las viviendas de particulares ni las destinadas.

Reclaman un cambio de rumbo en las políticas de emergencia habitacional

Las organizaciones consideran que el actual modelo de realojamiento prioriza las ayudas al mercado privado en detrimento de los alojamientos públicos de emergencia y denuncian que ello incrementa la precariedad de las familias afectadas. Por este motivo, reclaman declarar la emergencia habitacional y ampliar la red de alojamientos temporales de urgencia mientras las personas desahuciadas esperan la adjudicación de una vivienda estable.

Entre las principales demandas también se encuentra agilizar la Mesa de Emergencia, garantizar la gestión pública de los alojamientos temporales, eliminar los copagos en pensiones, retirar la obligación de renovar periódicamente las estancias en los ATU y asegurar que las reubicaciones respeten los vínculos laborales, educativos y comunitarios de las familias.

Además, los colectivos exigen medidas estructurales para incrementar el parque público de vivienda, reclaman que no existan viviendas vacías ni de uso turístico mientras haya personas sin hogar y defienden reforzar los mecanismos públicos para incorporar estos inmuebles al parque residencial asequible.