La ley contra las compras especulativas no puede estar llena de agujeros – Sindicato de Alquiladoras

Tras meses de movilizaciones, el PSC se ha visto obligado a admitir lo que ya es un consenso social: los pisos son para vivir, y no para especular. Hoy, PSC y Comuns hacen público un pacto que presentan como una prohibición de las compras especulativas. Pero seamos claros. La ley anunciada restringiría los supuestos bajo los que las empresas y grandes tenedores pueden comprar vivienda. Esto podría frenar la acumulación de pisos en pocas manos y asegurar que éstos se destinan a vivir (en vez de mantenerlos vacíos, hacer alquiler de temporada o instalar colivings).

Ahora bien: el texto anunciado tiene limitaciones serias que pueden ser agujeros para que la ley no se acabe aplicando y no consiga su objetivo.

1. La propuesta no contempla ningún mecanismo para evitar la práctica especulativa más habitual: comprar edificios y revenderlos al poco tiempo a un precio más alto. Una práctica conocida como flipping inmobiliario y que suele implicar la expulsión de los inquilinos. Es necesario prohibir específicamente esta práctica.
2. El texto está descafeinado respecto al informe inicial y permite que los pisos sueltos se puedan comprar sin destinarlos a uso propio, sino para su puesta en alquiler (en un plazo de 12 meses), en caso de que lo hagan arrendadores con menos de cinco propiedades. La limitación debe ser clara: sólo se debe poder comprar un piso si es para vivir en él.
3. En cuanto a los blogsno se aplican garantías de que den estabilidad a los inquilinos y bajen los precios. Si debe ser realmente una ley contra la especulación, se debe garantizar que si alguien compra un bloque de pisos entero donde viven inquilinos se les harán contratos nuevos con bajadas de precio en ese momento. Sólo así se puede evitar que la compra de un blog por parte de un fondo no implique la expulsión de quien vive allí.
4. Deja en manos de cada ayuntamiento decidir si aplicará o no esa limitación, así como el control de los incumplimientos. Esto significa que aplicarlo a las zonas con mercado residencial tenso deberían hacerse nuevas planificaciones urbanísticas en cada uno de los 271 municipios declarados. En cambio, uno plan director urbanístico impulsado desde la Generalitat podría aplicar esta limitación automáticamente por todas partes. Por otra parte, ya hemos visto hasta ahora cómo incluso los ayuntamientos más grandes como el de Barcelona no aplican con diligencia el control de la normativa urbanística.

Lo conocido hoy es un pacto entre dos partidos. Sin embargo, esta propuesta de ley aún no tiene mayoría en el Parlamento para aprobarse. Estamos a tiempo evitar una nueva norma llena de agujeros. Necesitamos una ley que se pueda aplicar, que no deje rendijas y que acabe, de una vez por todas, con la especulación con la vivienda.