La aFFAC denuncia que los nuevos conciertos educativos no se adaptan a la realidad demográfica

aFFaC reclama que la nueva renovación de los conciertos educativos condiciona la planificación educativa de los próximos años y no responde a las necesidades reales de escolarización. La entidad denuncia que la decisión de consolidar los conciertos durante seis años perpetúa un modelo en el que los ajustes derivados del bajón demográfico siguen recayendo principalmente sobre la red pública.

Por primera vez, la renovación afecta a las enseñanzas de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria y, además, los conciertos pasan de tener una vigencia de cuatro a seis años, hasta el curso 2031-2032. Para la aFFaC, ésta es una decisión estratégica que condiciona la planificación educativa. “La renovación de los conciertos educativos no es una decisión administrativa más. Define cómo se organizará una parte del sistema educativo durante los próximos seis años y cómo se distribuyen los recursos públicos”, alerta a un comunicado.

La entidad reclama que en los últimos años, mientras se han ido cerrando grupos y líneas en las escuelas públicas, la red privada concertada ha mantenido, en gran parte, su oferta sostenida con fondos públicos. Ahora, denuncian que la renovación de los conciertos por este período dificulta aún más la posibilidad de adaptar esta oferta a la evolución de las necesidades educativas.

En este sentido, defienden que los conciertos educativos son un instrumento complementario de la red pública y que su renovación debe estar vinculada a las necesidades efectivas de escolarización. De hecho, durante el período de información pública de la resolución provisional, la aFFaC presentó alegaciones en las que reclamaba que la renovación de los conciertos tuviera en cuenta la realidad demográfica, que no se mantuvieran conciertos allí donde la oferta pública es suficiente para garantizar la escolarización, que se garantizase el cumplimiento de los principios de gratuidad y coeducación de equilibrada seis años.

Ahora, la entidad lamenta que estas alegaciones no han recibido ninguna respuesta. “Cuando una entidad presenta alegaciones sobre una decisión que compromete la planificación educativa y los recursos públicos de los próximos seis años, lo mínimo exigible es que éstas sean valoradas y reciban una respuesta motivada. La participación no puede quedar reducida a un trámite formal”, señala Lidón Gasull, directora de la aFFaC.