“Hay que pasar a la acción”: las entidades sociales reclaman una respuesta “urgente y contundente” ante el aumento del sinhogarismo


Las entidades sociales reclaman pasar a la acción de forma “urgente y contundente” para abordar el sinhogarismo, un fenómeno que, alertan, está aumentando en Cataluña. En una rueda de prensa convocada por la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y ECAS, en la que también han participado representantes de la Asociación San Juan de Dios, Cáritas y Cruz Roja, las entidades han indicado que el modelo de abordaje del sinhogarismo ya está definido y consensuado entre todos los agentes implicados, pero a pesar de ello, su despliegue.

Las entidades avisan de que es necesario desplegarlo de forma “inmediata y homogénea” en todo el territorio. En este sentido, una de las demandas del tercer sector es que el despliegue del modelo tenga una mejor coordinación territorial e interadministrativa, así como más recursos para su desarrollo.

“El sinhogarismo está creciendo, y esto supone una vulneración de derechos básicos de las personas que se encuentran en esta situación”, ha destacado Xavier Trabado, presidente de la Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, citando casos muy recientes que han evidenciado el fenómeno como los desalojos en el Aeropuerto de Barcelonael delinstituto B9 en Badalona, ​​los desalojos en la Zona Francaasí como el incremento de asentamientos en distintos municipios. “Las personas en situación de sinhogarismo no pueden esperar más y necesitan una respuesta política contundente”, ha manifestado Trabado, quien también ha recordado que el sinhogarismo no sólo afecta a las personas que viven al raso, sino también a aquellas que lo hacen en condiciones de infravivienda, o durmiendo en trasteros, garajes o pisos calientes.

Según las organizaciones sociales, la vivienda es el principal factor de exclusión, y el que lleva a más población a situaciones de precariedad. Los datos así lo demuestran, tal y como han recordado las entidades. Según los últimos datos del IDESCAT, la tasa de pobreza y exclusión social roza el 25% y cerca de un 15% de la población tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, sea hipoteca, alquiler o gastos energéticos. La sobrecarga del coste de la vivienda -cuando se destina más del 40% de los ingresos a la vivienda- alcanza el 30% de los hogares con ingresos bajos.

En cuanto al sinhogarismo concretamente, más de 4.700 personas han utilizado recursos de atención en 2024, aunque las entidades señalan que muchas personas quedan fuera del radar, y se calcula que unas 39.000 personas podrían vivir situaciones de exclusión residencial no visible.

“La prosperidad no llega a uno de cada cuatro catalanes”, ha alertado Martí Batllori, vicepresidente de Cáritas Catalunya, quien cree que los esfuerzos que se han hecho en sinhogarismo que son “claramente insuficientes”. “Pedimos a los poderes públicos que cumplan su obligación”, ha instado Batllori.

Las entidades recuerdan, además, que hace sólo una semana se cayó la moratoria antidesahucios, lo que podría poner en una situación de mucha complejidad a miles de familias.

Un modelo consensuado que ya existe

Las entidades recuerdan que ya existe un modelo de abordaje del sinhogarismo desde 2023 y está consensuado entre todos los actores que intervienen. Lo que piden ahora es que se despliegue y se refuerce. En primer lugar, las entidades señalan que es necesario mejorar el Marco de Acción para el Abordaje del Sinhogarismo, así como aplicarlo de forma homogénea en todo el territorio.

Este marco, según las entidades, ha sido “insuficiente” y no ha cumplido con las expectativas. “Hemos identificado carencias y retos a mejorar. Entre otros, la financiación destinada a municipios no ha sido aprovechada suficientemente, porque no todos han llegado a desarrollar los recursos necesarios”, ha explicado Bea Fernández, directora de Arrels y miembro de la junta directiva de ECAS.

Los municipios de más de 20.000 personas tienen la obligación de garantizar los derechos sociales básicos, entre ellos, abordar el fenómeno del sinhogarismo, aunque muchos alegan falta de recursos para ello.

Aumentar la financiación

Por otra parte, las entidades señalan que es necesario mejorar mucho la financiación y piden al Gobierno que habría que destinar, como mínimo, 100 millones de euros en 2026 para abordar el fenómeno, con el compromiso de cuadruplicar esta inversión en los próximos años. “Los 30 millones de euros que el Gobierno quiere destinar al sinhogarismo son insuficientes”, ha dicho Xavier Trabado.

Una ley en espera

Por otra parte, las entidades urgen al Parlamento a tramitar la proposición de ley del sinhogarismo, impulsada por las entidades sociales y el mundo académico en 2022, y que espera su tramitación en el Parlament. Este reglamento, insisten las entidades, dotaría a Cataluña de un marco jurídico estable que garantizaría derechos, recursos y coordinación institucional.

Asimismo, las entidades pidieron a los municipios que garanticen el derecho al empadronamiento sin domicilio fijo, como puerta de entrada a los derechos básicos de educación, salud y atención a servicios sociales, así como para la acreditación de la residencia en el país de las personas migradas. También les reclaman más transparencia y datos fiables sobre el sinhogarismo, así como llaman a no alimentar los discursos de odio ni la aporofobia.

En cuanto al papel del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión, desde las entidades sociales reclaman que se haga una “apuesta” por planificar y mejorar la ejecución en el ámbito de los derechos sociales, aunque advierten que no es una cuestión que afecte a este Gobierno en concreto sino que la reclamación viene de lejos. En este sentido, apuntan a un “problema estructural” en las capacidades del departamento para conseguir la “prosperidad compartida”, el lema del Gobierno de Salvador Illa.





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