es hora de trabajar en medidas estructurales para garantizar el derecho a la vivienda – Sindicato de Alquiladoras
Las entidades sociales apelamos a la responsabilidad de los distintos grupos políticos para convalidar en enero la medida en el Congreso y evitar expulsiones sin alternativa
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy prorrogar un año más la moratoria antidesahucios que mantiene suspendidos al menos 60.000 desahucios de familias vulnerables en todo el Estado. Esta prórroga llega después de que una amplia coalición de entidades y movimientos sociales presentáramos ante el Congreso el manifiesto Ni un desahucio más. Ni una familia sin derecho a la vivienda para exigir la renovación de la moratoria y la ampliación de su cobertura, que ya ha sido firmada por más de 100 organizaciones.
Desde las entidades valoramos positivamente la medida, primer paso imprescindible para evitar una inminente ola de desahucios, aunque advertimos que la simple prórroga del escudo social no resuelve el hecho de que todavía hay muchas familias vulnerables que quedan fuera. Recordemos que la medida sólo ha cubierto 1 de cada 4 lanzamientos debido a la falta de claridad en la definición de vulnerabilidad, la arbitrariedad de los jueces a la hora de aplicarla y la omisión de algunas casuísticas —como la de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia. Por eso las entidades creemos que ya es hora de afrontar la crisis de la vivienda con soluciones estructurales que den una alternativa digna a las familias en lugar de mantenerlas en vilo año tras año.
Como propuesta de mínimos, las entidades exigimos al Gobierno de España que aproveche esta nueva prórroga para diseñar e implementar un plan de choque urgente para asegurar el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes mediante la puesta en marcha, entre otros, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda, el despliegue grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.
Convalidación de la medida en el Congreso a finales de enero
El próximo paso, también imprescindible para trabajar estas medidas a medio y largo plazo, es la convalidación de este decreto en el Congreso de los Diputados durante el mes de enero para hacer efectiva la prórroga del decreto. En este sentido, desde la coalición de entidades ya nos hemos puesto en contacto con los grupos parlamentarios y hemos constatado que existe una preocupación compartida por evitar que la finalización de la moratoria provoque situaciones de exclusión residencial irreversibles de forma masiva.
Aunque valoramos positivamente su disposición a avanzar en este sentido, es necesario que este compromiso se traduzca en una negociación entre los diferentes grupos no sólo para asegurar la ineludible prórroga de la medida, sino para impulsar medidas concretas, justas y duraderas, que protejan a las familias vulnerables y refuercen la cohesión social a medio y largo plazo. En este sentido, apelamos a la responsabilidad de los distintos grupos políticos para garantizar la tranquilidad, a corto plazo, de las miles de familias vulnerables que están pendientes de esta medida; llevan demasiado tiempo esperando medidas que les permitan el acceso a una vivienda, un derecho humano fundamental.
