Entidades de derechos humanos critican el Pacto Europeo de Migración y Asilo por el uso de la IA y la falta de transparencia
Ante la inminente implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y el avance del nuevo reglamento europeo de deportación, Irídia, Novact y con la colaboración de Algorace y la Oficina Europea de Amnistía Internacional han alertado este jueves sobre el aumento del riesgo de detenciones, deportaciones y prácticas de perfilamiento racial el acceso al asilo. También han avisado del posible impacto psicosocial en la población afectada y de la falta de transparencia institucional sobre la implementación de estas medidas.
Las entidades lamentan la incertidumbre y el desconocimiento sobre la forma en que se aplicará el PEMA a partir del 12 de junio, sus impactos del pacto y los del reglamento de deportación sobre la infancia y el derecho de asilo. En este sentido, alertan de los riesgos de aumento de las deportaciones y del uso de la detención, incluidos niños, así como de la posible utilización de centros de deportación en terceros países y de la obligación de los estados de detectar a las personas en situación irregular. También avisan del uso de IA y de sesgos racistas en las tecnologías de gestión migratoria, de la falta de transparencia y ausencia de participación de la sociedad civil, y de los riesgos para el principio de no devolución y la protección frente a la tortura.
Irídia y Novact reclaman transparencia y la creación de un mecanismo independiente de monitorización de derechos humanos, tal y como señala el propio PEMA, con la participación de la sociedad civil; garantizar el acceso al derecho de asilo, y exigir un compromiso público y expreso por parte del gobierno español ante las instituciones europeas y la ciudadanía de aplicar la norma más favorable y evitar medidas restrictivas de derechos en los procedimientos de triaje, frontera y retorno.
Por otro lado, quieren llamar la atención sobre la reciente Declaración de Chișinău, aprobada el pasado 16 de mayo, en la que los ministros de Asuntos Exteriores de los 46 estados miembros del Consejo de Europa solicitaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que corrija su interpretación del Convenio y rebaje la protección que otorga a las personas migrantes. Ven especialmente preocupante la propuesta de limitar la interpretación del artículo 3 del Convenio, que prohíbe de forma absoluta la tortura y constituye la base del principio de no devolución, que protege a las personas del riesgo de sufrir tortura y de deportaciones que pongan en riesgo la vida.
Las entidades se quejan de que España no ha explicado públicamente, de forma clara y concisa, en qué se traducirá el PEMA ni cómo se implementarán estas medidas. Por el momento ha publicado un documento de 43 páginas, en 2024, titulado Plan Nacional de Implementación del Pacto sobre Migración y Asilo, en el que explica qué cambios legislativos son necesarios para poner en marcha el PEMA. Es un plan “muy general que deja muchas dudas e incertidumbres” sobre cómo se llevará a la práctica este nuevo marco normativo, dicen las entidades. “La falta de transparencia genera un clima de incertidumbre y preocupación tanto entre las administraciones autonómicas como en la sociedad civil y las comunidades afectadas”, añaden.
El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado contempla dos modificaciones legislativas necesarias para la implementación del PEMA en el Estado: una nueva Ley de Asilo y su reglamento de desarrollo, y las modificaciones necesarias en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. En cuanto a los solicitantes de asilo, el Plan de Implementación contempla la posibilidad de imponer una asignación de zona geográfica, recurrir al internamiento de solicitantes de asilo en determinados casos -como solicitudes presentadas en pasos fronterizos o en los CIE- y establecer restricciones a la libertad de circulación. Las entidades recuerdan que el Tribunal Supremo ya había confirmado su derecho a la libre circulación de los solicitantes de asilo por el territorio estatal.
En cuanto a las deportaciones, el Plan de Implementación señala como objetivo mejorar la coordinación entre retorno y asilo, proponiendo una sincronización entre la denegación de asilo y las deportaciones. Concretamente, pretende evitar el uso fraudulento de las solicitudes de asilo por parte de los internados a fin de obstaculizar las expulsiones. “Calificar de fraudulenta una solicitud de protección internacional no es técnicamente riguroso, ya que es una solicitud de acceso a derechos”, dicen las entidades. “Además, vincular las solicitudes de asilo con el fraude profundiza la retórica criminalizadora de las personas migrantes”, insisten.
El Plan Nacional de Implementación señala que el sistema Eurodac será revisado y reforzado, desarrollando la interoperabilidad entre diferentes bases de datos, incluidas las de carácter biométrico y de seguridad. Además contempla el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial para acelerar la clasificación y examen de las solicitudes de asilo. Estas medidas, subrayan las entidades, generan una “preocupación significativa” por el riesgo de sesgos discriminatorios derivados del uso de algoritmos con impacto sobre poblaciones racializadas y estigmatizadas.
Paralelamente, denuncian que con el objetivo de aumentar el número de deportaciones, la UE ha diseñado un nuevo reglamento actualmente en fase de negociación. La última reunión técnica para cerrar el texto definitivo está prevista para el 1 de junio, y se espera su aprobación formal en las próximas semanas. Una vez aprobado, pasará a formar parte de la normativa española. Las medidas para intensificar las deportaciones se complementan con la creación de una lista de países de origen seguros y terceros países seguros, que incluye a países como Marruecos, Egipto y Túnez, lo que genera una fuerte preocupación en relación con el principio de no devolución. Las entidades ponen de manifiesto que la redefinición del concepto de tercer país seguro impide el acceso al asilo en la UE, permitiendo deportaciones a países donde la protección adecuada es cuestionable.
El reglamento de deportación intensifica los procedimientos contra las personas en situación irregular e incluye la posible creación de “centros de retorno” a terceros países, lo que, alertan, implica que las personas podrían ser deportadas a países con los que carecen de vínculo o que no garantizan estándares adecuados de derechos humanos. Las entidades remarcan que el reglamento plantea graves preocupaciones en materia de detención, maltrato y tortura, y obligará a los estados a “detectar” a las personas en situación irregular, lo que abre la puerta a identificaciones y detenciones basadas en el perfil racial, el uso de tecnología para vigilar y rastrear a personas migrantes y racializadas, y la amplia.
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