En 2025 en términos migratorios: más conflictos, más acoso y menos protección

En un momento político y social global marcado por los conflictos armados, las crisis humanitarias y los desplazamientos forzados de millones de personas, la Comisión Catalana de Acción por el Refugio (CCAR) ha realizado un análisis de la situación de las personas refugiadas durante el 2025. Los resultados muestran un escenario más y más complejo y unas políticas de acogida y protección internacional que cada vez más. “Europa ya no es un territorio de acogida”, ha denunciado la codirectora del CCAR, Dilara Ekmen, en la presentación del informe.

La entidad se apoya en cifras para llegar a esta conclusión: en el 2025 hubo 117,3 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo; se registraron 822.000 solicitudes de asilo en la UE; en el Estado español, se acumularon 218.731 expedientes de asilo pendientes de admisión o resolución; mientras que en Cataluña, más de 17.000 personas solicitaron asilo, aunque no existen datos públicos que permitan conocer la calidad y los resultados de la protección.

CCAR alerta de que la protección internacional cae en mínimos históricos: la tasa de reconocimiento -el porcentaje de solicitudes que el Estado aprueba- fue de un 29% en 2025, frente al 40-45% de media de años anteriores. “Es el año en que Europa subordina la defensa de los derechos humanos y la protección internacional al control migratorio”, denuncia Ekmen.

Se refuerzan las fronteras y se dificulta la acogida

La codirectora se refiere, sobre todo, a la reciente aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asiloel cual considera un “entramado normativo que quiere disuadir a que las personas puedan entrar en la UE”. En este sentido, la CCAR denuncia que el pacto normaliza procedimientos acelerados en fronteras, con circuitos rápidos que dejan sin garantías a los solicitantes de protección. Además, la entidad alerta de un cambio de criterio a la hora de valorar las solicitudes, puesto que con la nueva normativa se pondrá la nacionalidad en el centro, por encima del escrutinio individualizado que se priorizaba hasta ahora.

En cuanto a los países y terceros países considerados como “seguros”, donde los países de la UE podrán deportar a personas migradas, la CCAR denuncia que muchos de ellos no respetan los derechos humanos y tienen sistemas de protección débiles. Además, advierten que esta medida responde a una política de externalización de las fronteras y “supedita la responsabilidad migratoria a países terceros, pagando mucho dinero para que las personas no lleguen a la UE”.

Por otra parte, la entidad denuncia que el nuevo reglamento de retorno europeo hace que la deportación de personas migradas ya no sea una consecuencia del sistema, sino “un objetivo político en sí mismo”. Alertan que con la nueva norma se normaliza la detención indefinida de personas que no han cometido ningún delito, se amplían los supuestos por los que se puede realizar una detención y se refuerza la vigilancia, el control y la identificación, incluso en domicilios particulares o entornos laborales. “Europa miraba con asombro lo que estaba pasando con las políticas migratorias de Trump, mientras en la UE estábamos legislando en la misma dirección”, señala Dilara Ekmen.

Menos protección, también en el Estado español y Cataluña

Este cambio de rumbo de las políticas migratorias europeas ya se ve reflejado en España. Actualmente, existen más de 20.000 solicitudes de protección internacional por resolver y las que se han resuelto favorablemente han bajado de un 18% a un 11%. Por su parte, Elena Maya, codirectora de la CCAR, denuncia que la regularización extraordinaria ha “invisibilizado la situación actual de la protección internacional de las personas migradas”.

En cuanto a Cataluña, la principal queja de la entidad es que no existen datos públicos desagregados sobre las solicitudes de protección internacional. Además, denuncian que los principales instrumentos de gestión de las migraciones y de la protección internacional “siguen obsoletos”. “Difícilmente podemos considerarnos territorio de acogida si no tenemos las cifras sobre las personas refugiadas y de protección internacional que hay. Y difícilmente podremos hacer políticas públicas creíbles y eficaces”, ha reclamado Ekmen.

Por otra parte, la codirectora ha puesto de manifiesto que en 2025 ha habido nacionalidades, como Palestina, que han visto resuelta su solicitud de protección muy rápido, por lo que han salido del programa estatal en pocos meses. Ante esto, critican que Catalunya no ofrece ninguna alterativa de acompañamiento, por lo que muchas de estas personas acaban sin ningún tipo de apoyo, ya menudo en situación de sinhogarismo.