El interés de Collboni por no aplicar y poner en duda el 30% evidencia la connivencia con la patronal inmobiliaria – Sindicato de Alquiladoras
Las entidades impulsoras de la medida del 30% han interpuesto una queja al Síndic de Greuges de Barcelona por la falta de aplicación de la normativa por parte del Ayuntamiento de Barcelona y han denunciado en una rueda de prensa los sistemáticos esfuerzos del gobierno municipal por boicotear la efectividad de la medida y allanar el camino para tumbarla.
En la rueda de prensa han intervenido portavoces de algunas de las entidades impulsoras así como inquilinos en riesgo de expulsión afectadas por la falta de aplicación del 30%. Esta medida debería ser un escudo ante un panorama inmobiliario protagonizado por la especulación rampante y con los fondos buitres comprando cientos de fincas enteras para desahuciar inquilinos y convertir las viviendas en alquileres temporales y colivings a base de grandes rehabilitaciones de lujo. Pero la no aplicación del 30% y la pasividad o incluso complicidad con su incumplimiento a cara descubierta por parte de los grandes promotores inmobiliarios, se han convertido en el pajar para que el Gobierno pueda desarticular la medida repitiendo que no funciona. La patronal inmobiliaria, por su parte, remata su inoperancia congelando las grandes rehabilitaciones previstas a la espera del recorte de la medida para no tener que destinar parte a vivienda protegida.
La rueda de prensa se ha hecho ante el Síndic de Greuges de Barcelona, tras interponerse la queja, y han intervenido Glòria Rubio, de la Sectorial de Vivienda Cooperativa de la Red de Economía Solidaria (XES); Miguel Ruiz, del Observatorio Desca; Rosario Castelló, inquilina afectada por la falta de aplicación del 30% y Enric Aragonès, del Sindicato de Alquiladoras.
Archivo de expedientes y rebaja en las sanciones: una declaración de intenciones del nuevo gobierno hacia la patronal inmobiliaria
Tal y como se explicita en la queja entregada por el grupo motor del 30% al Síndic de Greuges, durante el último año se ha puesto en evidencia los múltiples gestos del gobierno municipal para sortear su obligación de inspeccionar, sancionar y controlar el cumplimiento del 30% en grandes rehabilitaciones y garantizar la ampliación del parque de vivienda protegida. Pero también, los esfuerzos por aguar los mecanismos coercitivos para que los fondos de inversión la cumplan. Las entidades sociales impulsoras de la medida pedimos al Síndic Local que investigue los indicios de pasividad y permisividad del Govern Collboni ante incumplimientos reiterados del 30%.
El titular del diario Ara conforme el Ayuntamiento había perdonado las multas y archivado los 17 expedientes sancionadores que se habían abierto durante el gobierno anterior es sólo la punta del iceberg. Detrás se esconde un cambio generalizado e injustificado de los criterios del gobierno de Collboni a la hora de perseguir los incumplimientos que elimina la capacidad coercitiva para hacer cumplir el 30% en los fondos buitres y que se caracteriza por una pasividad y permisividad indignante.
Hasta la llegada del gobierno de Collboni, los procedimientos sancionadores contra los incumplimientos se hacían a través de dos vías en paralelo, siguiendo las indicaciones que los servicios jurídicos del Ayuntamiento apuntan al informe aportado en 2022. La primera vía, amparada en la ley de vivienda con sanciones que van de los 90.00. La segunda vía, acogiéndose a la ley de urbanismo, iniciando un procedimiento de restitución de la legalidad urbanística, que no comporta el establecimiento de sanciones elevadas, sólo multas coercitivas irrisorias
Sin embargo, el Gobierno de Collboni toma la decisión política de abandonar los procedimientos sancionadores a través de la ley de vivienda. Como reacción desesperada, la Teniente de Alcaldía Laia Bonet afirmó que existía un segundo informe que les avalaba, documento que no ha aparecido aunque las entidades sociales lo hemos pedido formalmente. Desde una perspectiva técnica, el único informe jurídico público hasta el momento recomienda utilizar ambas vías, para sancionar las infracciones muy graves y asegurar la restitución de la legalidad urbanística. Desde una perspectiva política, este cambio de criterio pone la alfombra a que grandes fondos y especuladores salgan adelante grandes rehabilitaciones exponiéndose a multas coercitivas irrisorias, tal y como hemos visto con el bloque de Sant Agustí, y supone una declaración de intenciones hacia la patronal inmobiliaria.
En 2023 el Govern pide un tercer informe jurídico preguntando a los servicios jurídicos municipales si podía considerarse derogado el 30% después de que su fundamento jurídico se hubiera trasladado en 2019 por una modificación legal a nivel catalán de la normativa de vivienda a la normativa urbanística. La respuesta fue, de nuevo, que la medida estaba vigente y que era necesario aplicarla. Pese a que el Gobierno PSC lo ha intentado todo para contagiar informes jurídicos que le den la razón para enterrar el 30%, no ha tenido éxito en ninguna de estas maniobras.
La desidia en el control de grandes rehabilitaciones posibilita los desahucios para realizar colivings y alquileres temporales
La falta de aplicación del 30% ha estado incentivando expulsiones masivas a bloques como el de Sant Agustí en Gràcia o los 6 de Vandor. Todos estos blogs han sido adquiridos por fondos de inversión y reformados con el objetivo de convertir las viviendas en alquileres temporales o colivings. En ningún caso, se ha aplicado la normativa del 30%, que es de aplicación obligatoria también en caso de grandes rehabilitaciones, y algunos de ellos han acabado vaciándose de vecinas y alquilándose a precios de lujo.
Uno estudio del año 2024 del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona cifró en 3.909 el número de edificios afectados por el 30%, que representan 62.700 hogares protegidos actualmente de la especulación por la medida. Éste es el caso de la finca de Entença 79, donde vive Rosario, quien ha intervenido en la rueda de prensa. Es la última inquilina en una finca de 20 viviendas que ya lleva años operando como residencia de estudiantes encubierta bajo el formato de coliving. Toda la finca fue reformada en el 2021 menos su piso, de donde ahora el fondo propietario, Vandor, la quiere expulsar. Rosario, junto con las inquilinos de otros 5 bloques de la misma propiedad que también están siendo convertidos en colivings, están trabajando para denunciar formalmente la falta de aplicación del 30%.
En el caso del bloque de Sant Agustí, donde el fondo buitre New Amsterdam Developers también está expulsando a sus inquilinos por convertir sus viviendas en colivings, las vecinas estuvieron un año y medio para denunciar obras sin licencia en cuatro viviendas de la finca. No fue hasta que intervino el Síndic de Greuges que el Ayuntamiento no inició las inspecciones, inició un procedimiento de restitución de la legalidad a través de la vía de la ley de urbanismo, resolvió la ilegalidad de las reformas e interpuso una multa coercitiva de sólo 500€ por piso y pedir el paro de la actividad. Han pasado 7 meses desde entonces y las cuatro viviendas siguen alquilándose, a través de Enter Coliving, a precios que van de los 840 a los 980€ por habitación. En total, por cada piso, extraen unos 2.800€ mensuales, lo que triplica el precio que fija el tope. Este caso demuestra que son los propios inquilinos quienes deben presionar a las instituciones y los propietarios para que se cumpla el 30% y no se les expulse, cuando debería hacerlo el Gobierno.
Collboni debe romper con la política del clientelismo hacia las patronales para defender realmente el derecho a la vivienda
La dejadez del gobierno de Collboni no es una simple negligencia técnica o una interpretación jurídica distinta, sino una estrategia política al servicio de los intereses de la patronal inmobiliaria y orientada a legitimar el desguace el 30%. Mientras fondos buitres como Vandor intentan desahuciar a vecinas como Rosario y vacían bloques enteros para convertirlos en colivings de lujo, el Ayuntamiento renuncia deliberadamente a aplicar los mecanismos legales más efectivos para hacer cumplir el 30% y ampliar la vivienda protegida. El resultado está claro: expedientes archivados, ignorar informes jurídicos que recomiendan actuar, multas coercitivas irrisorias y un mensaje político que da alas a quien quiere especular.
Todo ello, en un momento en el que Junts ha anunciado la ruptura de negociaciones con el PSC para recortar la medida y en la que salen a la luz presuntos casos de corrupción política que afectan a miembros del Partido Socialista, relacionados con comisiones ilegales y favores a grandes constructoras. Estas tramas, que apuntan a un modelo de connivencia entre poder político y grandes operadores económicos, obligan a extremar la vigilancia sobre cualquier cambio normativo o política urbanística que beneficie a la patronal inmobiliaria en detrimento del derecho a la vivienda, más cuando sus representantes reclaman a cara descubierta y sin ningún tipo de miramiento que el 30% sea desguazado.
Por todo lo explicado y denunciado, exigimos a Collboni que abandone cualquier maniobra para mantener viva la tentativa de recorte del 30%. El Alcalde debe reconocer que no tiene una mayoría para hacerlo, sólo el apoyo de los lobbies.
El 30% cuando se aplica funciona. Sólo entre 2021 y 2023 se protegieron más de 60.000 hogares y se generaron 144 viviendas asequibles allí donde el mercado nunca había construido ninguna. Si la medida se aplicara como es debido, podría llegar a generar casi 19.000 nuevas viviendas protegidas. El problema no es la norma, sino la carencia de voluntad política para aplicarla. Dejarla morir para después afirmar que no funciona es hacer el juego a los especuladores.
Collboni debe defender el derecho a la vivienda de una vez por todas, desplegando un sistema valiente para garantizar el cumplimiento del 30%, ganando vivienda protegida en toda la ciudad para las vecinas y utilizándola como cortafuegos antiespeculativo contra las operaciones de nueva construcción y gran rehabilitación de lujo y desahuciadoras.
