El incumplimiento de vivienda protegida en el 22@ aboca a Ivan a un desahucio – Sindicato de Alquiladoras

El Sindicato de Alquiladoras denuncia los indicios de incumplimiento de las obligaciones de VPO y de la regulación de alquileres en los nuevos pisos creados en Ramon Turró 153, y hace un llamamiento a detener el desahucio del vecino que lleva 27 años viviendo en la finca

Barcelona, ​​21 de mayo – El próximo 5 de junio está previsto el desahucio de Ivan Giesen en el número 153 de la calle Ramon Turró, en Poblenou, en una finca donde la propiedad estaba obligada a realizar al menos seis Viviendas de Protección Oficial (VPO) y existen numerosos indicios de que esta obligación se está incumpliendo. En concreto, varios testimonios de vecinos recién llegados y la localización de anuncios en plataformas digitales indican que hay pisos de un 50 metros cuadrados alquilándose a 1.700 euros mensualesunos precios que no cuadran en absoluto con los de la vivienda de protección oficial ni con la regulación de precios del alquiler.

Iván vive en el mismo piso desde el 15 de mayo de 1999 y ha pagado el alquiler durante más de veinticinco años: en total, más de 140.000 euros pagados en alquiler. En 2020 se le terminaron las prórrogas del contrato y, desde entonces, ha intentado negociar reiteradamente con la propiedad, Maramca SL, tanto individualmente como a través del Sindicato de Alquiladoras, sin obtener ninguna propuesta de renovación. A pesar de su situación de vulnerabilidad y pese a seguir pagando el alquiler, la propiedad mantiene el procedimiento de desahucio después de varios aplazamientos y suspensiones.

Hoy, el Sindicato de Alquiladoras, el Sindicato de Vivienda de Poblenou y el Observatorio de los Barrios del Poblenou han hecho una rueda de prensa para denunciar la situación. Han intervenido Ivan Giesen, vecino afectado; Isi Sáez, portavoz del Sindicato de Alquiladoras de Cataluña; Oriol Abelanet, portavoz del Sindicato de Vivienda de Poblenou; y Albert Valencia, miembro del Observatorio de los Barrios de Poblenou. Las entidades han anunciado que convocarán un acto el 4 de junio por la noche y una movilización el mismo 5 de junio para detener el desahucio. También denunciaron que las administraciones competentes no están garantizando el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas vinculadas a la vivienda protegida y la regulación de los precios del alquiler.

Un caso claro de especulación urbanística en el 22@

La finca de Ramon Turró 153 es un ejemplo de cómo una operación urbanística vinculada al 22@ podría haber terminado derivando en una operación especulativa con expulsión de vecindario y comercialización de pisos a precios de lujo. Cuando Maramca SL heredó la finca, en 2012, había 10 viviendas y 9 estaban habitadas. Poco después, la propiedad empezó a no renovar contratos ya expulsar progresivamente a los inquilinos. Paralelamente, impulsó un Plan de Mejora Urbana (PMU) aprobado en 2015 que permitía pasar de 10 a 16 viviendas gracias a un incremento de edificabilidad concedido por el planeamiento público. Según la normativa específica del 22@, las nuevas viviendas generadas a partir de este incremento residencial, en esta parte concreta del 22@, deberían estar vinculadas a algún régimen de protección pública. De hecho, el propio PMU, redactado por la propiedad, reconocía explícitamente esta obligación, y se fijaba en que en un plazo máximo de cuatro años estas viviendas de protección oficial ya se habrían creado.

Once años después de la aprobación del PMU, tenemos indicios de que ninguna de estas nuevas viviendas está cumpliendo con la función de ser vivienda protegida. En concreto, hemos recogido testigos de vecinos en un puerta a puerta donde hemos averiguado que las tres viviendas del entresuelo están alquiladas, ya precios muy por encima de la regulación de alquileres y de los precios oficiales de la vivienda protegida. En uno de los pisos, según el testimonio de la recién llegada vecina, el alquiler es de 1.700 euros mensuales por un piso de menos de 50 metros cuadrados. Por estas viviendas, el índice de referencia fija importes de entre 689 y 961 euros mensuales.

Además, en los últimos meses, se han localizado anuncios de pisos de la finca comercializados a través de AProperties, una inmobiliaria especializada en inmuebles de lujo, ahora ya desaparecidos.

Actualmente, de la finca original prácticamente ya no queda casi nadie del vecindario histórico: sólo siguen viviendo dos vecinas con renta antigua e Ivan, mientras el resto de las viviendas se encuentran vacías, reformadas o alquiladas a nuevos inquilinos a precios desorbitados.

La falta de acción del Ayuntamiento y la Generalitat abocan a Iván a ser desahuciado

Ante esta situación, exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que inspeccione la ejecución del PMU de Ramon Turró 153 y para comprobar de forma definitiva si se están incumpliendo las obligaciones urbanísticas vinculadas a la vivienda protegida derivadas de la normativa del 22@. Exigimos también que garantice que Iván pueda quedarse en su casa y pueda vivir en una de las viviendas destinadas a VPO para evitar el desahucio del próximo 5 de junio. A la Generalidad de Cataluña ya la Agencia de la Vivienda les exigimos que inspeccionen las viviendas de la finca y actúen ante los probalbes incumplimientos de la regulación de precios del alquiler y de las obligaciones vinculadas a las viviendas protegidas.

El 4 y 5 de junio, detendremos el desahucio de Ivan

El caso de Ramon Turró 153 apunta a un doble incumplimiento: viviendas que deberían estar vinculadas a protección pública y pisos que se estarían alquilando por encima de los topes legales. Es una gran paradoja: un plan urbanístico impulsado con la justificación de hacer vivienda protegida acaba expulsando a vecinos sin dar ningún rastro de esta protección.

Las entidades en defensa de la vivienda han anunciado que convertirán el caso de Ramon Turró 153 en un conflicto público contra la expulsión vecinal y los incumplimientos urbanísticos en el 22@. El 4 de junio por la noche se convocará un acto abierto en el barrio y el 5 de junio una movilización frente a la finca para impedir el desahucio de Iván y exigir que las viviendas que se han creado gracias al planeamiento público cumplan finalmente la función social que establece la normativa.