El gobierno mantiene más de un millón de inquilinos en riesgo de expulsión mientras refuerza el paraíso fiscal del rendismo – Sindicato de Inquilinos


Las medidas para regular los alquileres de temporada y de habitaciones ya estaban incluidas en la ley impulsada por los Sindicatos de Inquilinos y siguen pendientes del voto del Congreso en febrero

Hoy hay más de un millón de inquilinos en riesgo de ser expulsadas de sus casas por sus arrendadores. El negocio del rendismo consiste precisamente en expulsar a una inquilina para volver a alquilar un 30% o un 50% más caro. Este modelo es extremadamente rentable para los rentistas y la bonificación del IRPF no frenará esta dinámica. Por eso, para proteger a las inquilinos y garantizar la estabilidad de sus contratos, es imprescindible llevar a cabo medidas encaminadas a que los contratos de alquiler sean indefinidos, tal y como ocurre en países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria.

Las bonificaciones son un regalo para los arrendadores que no protegerá a las inquilinos

Con los alquileres en máximos históricos, el Gobierno propone premiar fiscalmente a los arrendadores por mantener precios abusivos. Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hay que bajarlos, no recompensar a quien los mantiene. Además, la medida no es obligatoria y permite al casero elegir entre la bonificación o subir la renta o expulsar a la inquilina. Mientras quien trabaja paga impuestos, los arrendadores reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que paguemos no sólo el 60 o el 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos. Ello convierte al mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rendismo, mientras millones de personas viven con miedo a perder su casa. Hace un año, Sánchez anunció una medida similar que incluía bajadas según el índice oficial; los rentistas no pueden seguir siendo un sector privilegiado al margen de las normas comunes.

Regular los alquileres temporales y de habitaciones y ampliar las medidas de protección a las inquilinos: una demanda necesaria de los sindicatos que se votará en el Congreso

Una parte considerable de las medidas de las propuestas del RDL que hoy plantea Sánchez ya están en la ley que los Sindicatos de Alquiladoras presentaron hace año y medio y que se votará en el Congreso este febrero, tal y como nos ha asegurado el Gobierno de Sánchez esta misma mañana. Esta ley es una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones que quedaron fuera de la Ley de Vivienda, y una batería de medidas para proteger a las inquilinos frente a subidas de alquiler y otras estafas. Además, se incorpora una prórroga de tres años en los contratos situados en zonas tensionadas, una medida imprescindible para protegerlas ante las expulsiones provocadas por el aumento de los colivings y alquileres de temporadapero que sólo afectaría a Catalunya, Euskal Herria, Galicia y Asturias y que dejaría fuera a muchos hogares.

La ley registrada por los Sindicatos de Alquiladoras continúa su curso y cuenta con el compromiso del PSOE y el PNV, que se sumaron el pasado noviembre, y de los partidos que ya se habían posicionado a favor -ERC, Bildu, Sumar, Podemos y BNG-. Sólo haría falta los votos de Junts para que sea aprobada. Por eso, exigimos alejar esta ley de la batalla partidista y de los giros de guión efectistas.

La realidad es que estas medidas, ya sea a través de la ley presentada por los sindicatos o del Real decreto ley anunciado por Sánchez, sólo se aprobarán con una mayoría en el Congreso de los Diputados. Por eso, las próximas semanas serán clave para conseguirlo. Instamos a todos los partidos y entidades a hacer todo lo posible para que así sea.



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