El Congreso aprueba el desahucio de 60.000 familias y los sindicatos convocan concentraciones – Sindicato de Alquiladoras
Hoy el Congreso ha decidido que más de 60.000 familias sean expulsadas de sus hogares sin una alternativa habitacional. Esta decisión llega en un momento de crisis de vivienda sin precedentes: mientras se siguen alcanzando máximos históricos del precio del alquiler, el Parlamento ha optado por retirar incluso la poca protección que existía para frenar la expulsión de familias de sus hogares.
Lo que ha caído hoy no es un simple decreto. Se ha caído una de las pocas protecciones que teníamos mientras la situación se precipita hacia el abismo. Los alquileres no bajan, los fondos buitres no dejan de comprar vivienda y el parque público sigue siendo ínfimo. El mensaje del Congreso está claro: la vivienda es un negocio, no un derecho. Y están dispuestos a defender este negocio aunque el coste sean 60.000 sentencias de desahucio y un invierno de fallecidos en la calle.
Una mayoría parlamentaria al servicio del rendismo
Una vez más, la derecha parlamentaria, representada por el PP, Vox y Junts, se ha posicionado abiertamente junto al rendismo, escogiendo reforzar el negocio de la patronal inmobiliaria en lugar de ampliar medidas frente al principal problema social de la población. Es especialmente grave el voto de Junts, teniendo en cuenta que Cataluña es el territorio que lidera el número de desahucios en todo el Estado. Su voto en contra de la renovación de esa moratoria deja claro que actúan como secuaces de la patronal inmobiliaria y de los grandes propietarios. Además, con ese voto en contra también han impedido la actualización de las pensiones en un contexto de empobrecimiento constante de la población.
También señalamos un Govern que durante los últimos 6 años ha sido incapaz de mejorar
mínimamente las condiciones de quien vivimos de alquiler. En lugar de impulsar políticas contundentes y firmes contra el negocio de la vivienda, el Gobierno sigue esquivando lo urgente: proteger a las inquilinos. Mientras podría decretar alquileres indefinidos -como hará Inglaterra con su nueva ley a partir de mayo- o, al menos, aprobar una prórroga obligatoria para los más de 600.000 contratos que caducan este año, el Gobierno prefiere anunciar nuevos privilegios fiscales para los caseros.
Ante su inacción, los Sindicatos de Inquilinos somos clave
Ante la desprotección del Gobierno, los Sindicatos de Alquiladoras hemos demostrado ser clave para proteger el derecho a la vivienda. Somos nosotros las que detenemos los desahucios que ellos decían haber detenido y que ahora dejan caer. Somos nosotros las que luchamos contra las expulsiones y los desahucios invisibles quedándonos en casa mientras ellos siguen rechazando las prórrogas. Y, una vez más, seremos nosotros las que nos defenderemos del rendismo frente a esta emergencia habitacional. Sin embargo, no podemos obviar la responsabilidad de este Gobierno de aplicar medidas que protejan a las personas que vivimos de alquiler.
Salimos a la calle para acabar con todos los desahucios y exigir soluciones urgentes
La caída de la moratoria de desahucios, junto al medio millón de finalizaciones de contratos de alquiler, nos aboca a una ola de desahucios judiciales e invisibles sin precedentes. Mañana salimos a las calles para forzar medidas urgentes que garanticen que nadie sea expulsado de su casa: es necesario recuperar la moratoria de desahucios y prorrogar de forma obligatoria todos los contratos de alquiler, además de aprobar la reforma de la Ley de Arrendamientos prevista en el Congreso para regular los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con las estafas inmobiliarias.
La única forma de acabar definitivamente con todos los desahucios es garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Hay que bajar los precios del alquiler, dar estabilidad a los inquilinos, recuperar las viviendas turísticas y vacías, sacar los pisos de las manos de los fondos buitres y de los grandes tenedores y poner fin a las cláusulas abusivas ya las estafas inmobiliarias.
