Alquiladoras de la calle Concordia 41 se alzan en lucha ante las expulsiones del fondo de inversión Urbe Enginova – Sindicato de Alquiladoras

Este año casi 120.000 familias catalanas podrían verse expulsadas de su casa si no se toman medidas para protegerlas

Las inquilinas de la finca Concordia 41, ubicada en el barrio del Poble-sec de Barcelona, ​​han denunciado en rueda de prensa los intentos de expulsión por parte del fondo de inversión Urbe Enginova, que adquirió el edificio de 14 viviendas y 2 locales en febrero del 2025 y se niega a renovar los contratos de las mismas. La comunidad de inquilinos se ha organizado con el Sindicato de Alquiladoras y el Sindicato de Barrio del Poble Sec está determinada a luchar por la renovación de todos los contratos de alquiler y llevar a cabo la estrategia #EnsQuedem: no marcharse de casa cuando se acaba el contrato y seguir pagando el alquiler hasta que se llegue a una solución.

El Ayuntamiento no ejerce la compra y el fondo de inversión pretende expulsar a todo el mundo

La finca de Concordia 41 fue comprada por Urbe Enginova, una empresa de rehabilitación que hace tanto de constructora como de inmobiliaria y compra edificios con inquilinos para expulsarlos y revender los pisos con alta rentabilidad. La compra se realizó por un precio casi irrisorio: 1,8 millones de euros, que equivaldrían a 120.000€ por cada una de las 14 viviendas. Sin embargo, el Ayuntamiento no ejerció el tanteo y retracto, aunque 6 de las 14 viviendas están en la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona.

Entonces, algunas inquilinos de los 13 pisos habitados de Concordia empezaron a recibir comunicaciones por parte de la nueva propiedad, indicándoles que no les renovarían los contratos de alquiler. Ante esto, las vecinas se organizaron con el Sindicato de Alquiladoras. Juntas, enviaron una carta a la propiedad, firmada por todas ellas, donde comunicaban la voluntad de las inquilinos a seguir viviendo en sus hogares y la necesidad de abrir una mesa de negociaciones para garantizarlo. Pero ni ellas ni el Sindicato han recibido, hasta entonces, respuesta alguna, a pesar de los intentos de comunicarse a través de correos, llamadas e incluso una visita a las oficinas de la empresa. Por el contrario, sí han recibido varios burofaxes por parte de la propiedad para pedir que se vayan de casa cuando finalice el contrato. Asimismo, ya existe una inquilina con demanda por finalización de contrato.

Las vecinas de Concordia 41, por su parte, están determinadas a quedarse en su casa. Por eso, exigen a Urbe Enginova una negociación para que retire las demandas y renueve todos los contratos de alquiler y, por otra parte, piden a las administraciones públicas que intervengan en el caso para garantizar la función social de la vivienda y detengan la expulsión de vecinas.

Se anuncia la tormenta perfecta: finalizaciones de contratos, intentos de expulsión masiva y alquileres temporales y de habitaciones por las nubes

El Sindicato de Alquiladoras denuncia que situaciones como esta van al alza en las principales ciudades catalanas, donde rentistas y fondo buitre expulsan masivamente a las inquilinas para poder esquivar el tope de precios en la renovación de los contratos de alquiler. Este curso que entra será especialmente agresivo, dado que en 2026 finalizan en Cataluña 119.000 contratos de alquiler (número de los contratos de 5 años firmados durante 2021) sin tener en cuenta aquellos que puedan estar en prórroga. Esto significa que miles de hogares inquilinos podrían ser expulsados ​​ante la carencia de mecanismos para proteger su estabilidad.

Además, la falta de regulación de alquileres temporales y colivings se convierte en un incentivo para que rentistas y fondo buitre expulsen a las inquilinas de sus hogares por desviarlas a estos mercado desregulado y poder alquilarlas a precios de lujo. La relación es clara, el incremento brutal de contratos de alquiler temporal respecto a los contratos de alquiler habitual se dispara a partir de 2023 con el anuncio de la Ley Vivienda. En el tercer trimestre de 2022 se firmaron 591 y lo mismo de 2023, 4.389, un 7,5% más. Entre 2023 y 2024 el incremento interanual fue del 58%, tal y como reconocía la propia consellera Silvia Paneque. El resultado es catastrófico: expulsiones masivas y desvío masivo de pisos de alquiler habitual hacia alquileres temporales y de habitaciones para sortear el tope de precios. En definitiva, un mercado de alquiler sobresaturado de pisos de alquiler temporal y habitaciones a precios de lujo.

El contexto es devastador teniendo en cuenta el creciente número de operaciones de compraventa de vivienda que se ejecutan como forma de inversión y con el objetivo de sacar altas rentabilidades. Sólo en 2024 el 60% de las compras de vivienda en el Estado se hicieron con hipoteca. La falta de un marco jurídico que proteja a los inquilinos y obligue a rentistas y fondos a renovar los contratos de alquiler con precios regulados amenaza a miles de inquilinos con una expulsión casi asegurada, si nadie hace nada.

Por su parte, el gobierno del PSC sigue infrautilizando la vía del tanteo y retracto para ampliar el parque de vivienda pública y protegida, tal y como ha ocurrido con Concordia 41, dejando totalmente desprotegidos a los inquilinos que viven en las fincas.

Si no hacemos nada, este curso empezará una ola de desahucios masivos

El Sindicato de Inquilinos se prepara para un curso intenso donde prevé multiplicar el número de inquilinos y bloques en lucha que tendrán que defenderse ante las expulsiones a través de la principal estratégica de acción sindical: #EnsQuedem. El Parlament de Catalunya, por su parte, deberá decidir si aprueba de una vez el decreto para regular los alquileres temporales y de habitaciones y acabar con el agujero legal que incentiva a rentistas y especuladores a expulsar a las inquilinos de siempre. Además, los responsables políticos tendrán que demostrar que actúan ante la desprotección a la que se vierten miles de inquilinos con mecanismos como el tanteo y retracto y la puesta en marcha del cuerpo de inspectores y unas políticas que persigan los fraudes sistemáticos que cometen buitres y rentistas.

Hace ocho años que detenemos desahucios, no sólo lleva, sino organizando inquilinos y fincas enteras para hacer frente a las expulsiones a través de la organización y el conflicto, quedándonos en casa fuera de contrato, haciendo huelgas de alquiler y consiguiendo nuevos contratos a precios regulados a través de la negociación colectiva. Venimos de un año de grandes movilizaciones en las calles y este curso la batalla en defensa de la vivienda se librará las casas de la gente y en las fincas organizadas en Barcelona pero también en todo el territorio catalán y del estado español.