El Parlamento reconoce “un sistema desbordado” en la antigua DGAIA operado por la “lógica de la emergencia”
El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles parte del dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre 2011 y 2025, que investigaba presuntas irregularidades en el funcionamiento de este organismo en los últimos años. El pleno ha concluido que la DGAIA “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. Sin embargo, ni el dictamen ni su aprobación ha comportado consecuencias políticas.
La comisión, que ha trabajado durante un año, se creó ante el caso de una menor de edad tutelada por la DGAIA que fue víctima de abusos sexuales entre 2020 y 2021, así como por la detección de posibles disfunciones contables y en contratos por el servicio de centros de menores de edaddenunciados e investigados por la Sindicatura de Cuentas durante los últimos años. Ante estos escándalos, el Gobierno de Salvador Illa va refundar y renombrar el nombre del servicio, la nueva DGIPPIA (Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y Adolescencia).
La comisión aprobó el pasado 13 de julio el documento, de cien páginas, que incluye sus conclusiones y 14 propuestas de mejora, que se han votado por separado en el Pleno del Parlamento. Los votos de PSC, ERC y Comuns (68) han permitido sacar adelante la mayoría de apartados del texto, que ha recibido el rechazo de Junts, PPC, Vox, CUP y Aliança (67).
El informe señala que desde 2015 los casos atendidos por la DGAIA han aumentado un 84% y el número de menores tutelados ha aumentado un 71%, pero incide en que los recursos no se han incrementado de la misma forma.
En este sentido, el pleno ha aprobado, como conclusión, que el sistema de protección a la infancia y la adolescencia “arrastraba condicionantes estructurales previos al incremento extraordinario de la llegada de menores migrantes sin referentes en el territorio”. Y también señala los recortes que provocaron “la insuficiencia de recursos residenciales, la falta de disponibilidad presupuestaria, la debilidad de los instrumentos de planificación preventiva y la tensión acumulada sobre los dispositivos de protección y atención residencial”.
Así, el Parlamento ha concluido que la DGAIA “presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes”. Este punto del dictamen, aprobado por PSC, ERC y Comuns, insiste en los “retos estructurales acumulados a lo largo del tiempo”, especialmente en materia de planificación, financiación, provisión de recursos y capacidad de adaptación frente a incrementos extraordinarios de demanda.
La prevención, “el principal reto inacabado”
Por otra parte, la comisión de investigación de la DGAIA ha concluido que la “prevención es el principal reto inacabado” del sistema catalán de protección a la infancia. Así, sostiene que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”.
También ha criticado que la mayoría de los centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar a niños”. El informe insta a que se asuma “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.
El informe también identifica “diferencias de criterio entre territorios, carencia de protocolos homogéneos, problemas de coordinación entre servicios y centros” y vuelve a mencionar “la elevada dependencia” de la gestión externalizada. Esto, según precisa, “ha dificultado garantizar una respuesta coherente y equitativa en todo el país”.
El texto también identifica una “brecha existente” entre trabajadores concertados y de la administración para “hacer el mismo trabajo” y reclama una equiparación salarial “urgente”, ya que esto supone “elevada rotación” y “dificultad” para encontrar personal cualificado, entre otras cosas.
La aprobación del texto coincide con el reciente nombramiento del nuevo consejero de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, que sustituye a Mònica Martínez Bravo, quien tuvo que gestionar los escándalos, aunque las malas praxis se han arrastrado durante anteriores mandatos, con la antigua Convergència y ERC al frente de la conselleria de Derechos Sociales.
Las entidades de infancia celebran que el dictamen concluya que no existe “mala praxis generalizada”
En un comunicado conjunto, FEDAIA y FEPA, organizaciones que representan la atención a la infancia, advierten que constatan que el dictamen pone de relieve “algunas irregularidades por falta de controles” pero destacan que “en ningún caso se puede asegurar que ha habido mala praxis generalizada”.
En este sentido, lamentan que “desde algunos sectores mediáticos y políticos se haya querido menospreciar y cuestionar” el trabajo de las entidades sociales. “La FEDAIA, la FEPA y las entidades miembro hemos cumplido siempre con los controles de la administración por los servicios públicos que prestan con auditorías externas que certifican su gestión y apostamos por el rigor y la transparencia para garantizar el buen uso de los fondos públicos”, sostienen.
Por otra parte, las entidades recuerdan que llevan años reclamando una “reforma profunda” que priorice las políticas preventivas, tal y como señala el informe de la comisión.
En conclusión, desde las entidades reclaman que se revisen la cartera de servicios, los estudios de costes de los servicios, procedimientos y normativas para mejorar la eficiencia en el acompañamiento de las infancias, las adolescencias en situación de vulnerabilidad y la juventud extutelada.
