Mina vive otros cuatro desahucios en menos de una semana: “Se está dando una solución policial a un problema social”
Siete desalojos ejecutados en menos de una semana han reactivado un conflicto habitacional que lleva años arrastrando en el barrio de la Mina. Tras los tres lanzamientos efectuados el pasado jueves, este lunes el Consorcio de la Mina ha ejecutado otras cuatro en viviendas públicas, situadas en el número 58 de la Rambla de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, y ocupadas desde el 2017. El objetivo es destinarlos al realojamiento de los vecinos del bloque Venus, antes que del 2 . Sin embargo, conflicto está lejos de acabarse: dos de los pisos desalojados el pasado jueves ya han sido reocupados por sus antiguos residentes y hay nuevas actuaciones previstas los días 25 y 29 de junio y el 3 y 13 de julio.
Las familias afectadas denuncian que no disponen de alternativas residenciales y que las entidades sociales reclaman una solución negociada. “Consideramos que es necesaria una mesa de negociación estable con la Administración para buscar soluciones alternativas al desahucio. Esta decisión que han tomado es la peor de todas las soluciones posibles”, explica Marta López, portavoz del Sindicato de Vivienda de la Verneda y el Besòs.
Dos de los pisos desalojados el pasado jueves, ya han sido reocupados por los propios residentes. “La desesperación” y la falta de alternativas habitacionales explican, según los vecinos afectados, este ciclo de desalojos y reocupaciones. “Cada día que hagan esto, al día siguiente volveremos a abrir los pisos”, afirmaba esta semana una de las residentes desalojadas.
En el centro del conflicto hay unas sesenta viviendas públicas construidas inicialmente para realojar a los residentes del bloque Venus, un edificio pendiente de derribo dentro del proceso de transformación urbanística de la Mina. Sin embargo, los pisos quedaron vacíos durante años debido a los retrasos acumulados en el proyecto y acabaron siendo ocupados por familias vulnerables del barrio en el verano del 2017.
Ahora, el Consorcio de la Mina quiere recuperar estas viviendas para culminar el realojamiento de los vecinos de Venus, previsto antes del derribo del edificio en 2028. Desde el organismo aseguran que la mayoría de las personas afectadas no forman parte de casos sociales en seguimiento y que aquellas que acrediten una situación de vulnerabilidad recibirán la atención prevista por los protocolos existentes.
El riesgo de generar “una guerra entre probres”
Para el Sindicato de Vivienda de la Verneda y el Besòs, el problema no es la necesidad de realojar a las familias de Venus, sino la forma en que se está gestionando el proceso.
“Somos plenamente conscientes de que hay personas en Venus que necesitan un realojamiento”, ha señalado López. Sin embargo, considera “totalmente inaceptable” que, después de más de dos décadas de retrasos en esta gestión, se presente el desalojo de las familias que viven en los Blocs de la Rambla como “la única solución posible”.
Según el sindicato, la situación actual es consecuencia de “años de inacción institucional”. López recuerda que en noviembre pasado se anunció la construcción de nuevas viviendas de protección oficial para dar respuesta a los afectados del bloque Venus, pero que finalmente no ha sido así: “La aceleración del calendario de derribo ha obligado a buscar alternativas inmediatas que pasan por desalojar a personas en vez de crear vivienda nueva”.
La portavoz alerta de que esta estrategia corre el riesgo de fracturar la convivencia en el barrio. “Están empujando una narrativa que enfrenta a las vecinas”, afirma. “A unas las están culpabilizando de que las otras no tengan realojo ya las otras las están echando porque unas pasan por delante de otras. Esto es generar una guerra entre pobres”.
Una respuesta policial a un problema social
El sindicato cuestiona también el dispositivo desplegado durante los primeros desalojos. López considera que la actuación policial ha sido “totalmente desproporcionada” y lamenta que las administraciones hayan optado por una respuesta basada en el orden público.
“Se está dando una solución policial a un problema social”, sostiene. Según la organización, de mantenerse el calendario previsto, el barrio podría vivir meses de presencia policial continuada. “Se prevén seis meses de militarización en el barrio, con desahucios previstos cada semana”, advierte López.
La crítica llega después de que decenas de vecinos se movilizaran ante el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs para expresar su malestar y reclamar una salida negociada al conflicto.
La demanda de alternativas habitacionales
Desde marzo, el Sindicato de Vivienda asegura haber intentado abrir canales de diálogo con el Consorcio de la Mina, el Ayuntamiento de Sant Adrià y el Departamento de Derechos Sociales. Según explican, las reuniones mantenidas hasta ahora no han servido para encontrar una solución que evite los desalojos. Según López, en Derechos Sociales se han mostrado “muy cerrados” en las dos reuniones que han mantenido con el sindicato. “Sólo han contemplado la vía del desalojo como la única posible”.
La organización reclama que se analice individualmente la situación de cada familia y denuncia que muchas deberían haber sido incorporadas hace tiempo en los mecanismos de emergencia residencial. También defiende alternativas como la regularización de las viviendas mediante alquileres sociales o el aplazamiento de los desalojos hasta que exista una alternativa residencial efectiva.
“La respuesta que se está dando llega muy tarde y es insuficiente”, asegura López. “Estos desahucios los está ejecutando la administración y, por tanto, es quien tiene la potestad de no dejar a estas familias en la calle”.
En este contexto, en el sindicato consideran que parte Creemos que parte de la vivienda que se está proyectando en la Mina en los últimos años “no responde a las necesidades de la población” ni da respuesta a la mesa de emergencia. “Se está proyectando vivienda asequible con unos umbrales económicos que no pueden cumplir gran parte de la población, y esto es un problema”, ha firmado López.
Mientras, el barrio se prepara para nuevas fechas señaladas en el calendario, la siguiente este jueves, 25 de junio. Con siete desalojos ejecutados en menos de una semana y varios pisos ya reocupados, tanto vecinos como entidades sociales advierten que el conflicto está lejos de resolverse.
