El Parlamento aprueba la Ley del Tercer Sector

El Parlament de Catalunya ha aprobado este miércoles la Ley del Tercer Sector, un texto que reconoce el papel de las entidades sociales y da un marco legal propio a más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro. La ley, que ha tardado cuatro años en tramitarse, busca permitir a las entidades trabajar con mayor seguridad y continuidad y reforzar su capacidad de acción. La Mesa del Tercer Sector y la Confederación del Tercer Sector han celebrado la aprobación de la ley, pero han querido remarcar que “sólo el primer paso” y que ahora el reto es desplegarla.

La proposición de ley, que se grabó por primera vez en mayo de 2022 en el Parlament, decayó en 2024 cuando se convocaron elecciones anticipadas después de dos años de trabajo parlamentario.

La normativa supone mejoras para el conjunto del sector, como es el reconocimiento institucional del trabajo de las entidades y su impacto; más estabilidad y sostenibilidad; mayor participación en las políticas públicas; y mayor colaboración con las administraciones. En este sentido, la Ley incluye la creación del Consejo de Diálogo Civil como espacio estable de interlocución y participación entre el Gobierno y el tercer sector sobre las políticas públicas que afectan a los derechos sociales y la acción de las entidades.

“La ley que se aprueba hoy es una ley muy importante para el sector y creemos también para Cataluña, porque lo que formaliza es que las entidades del tercer sector que llevan décadas atendiendo a más de dos millones de personas, ahora tienen una norma que legitima su función”, ha defendido Xavier Trabado, presidente de la Mesa del Tercer Sector.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha hecho una valoración muy positiva de la norma: “Esta aprobación nos permitirá tener una colaboración más estrecha con las entidades para construir las políticas públicas y fortalecer el sector social”, ha celebrado.

Hacia la estabilidad financiera

La Ley no fija una dotación económica concreta, pero incorpora herramientas para avanzar hacia un sector más estable y sostenible, reforzando la financiación, la estabilidad económica y las estructuras del sector, como el Plan de impulso y promoción de las entidades del tercer sector social en Cataluña.

En este sentido, Jordi Roman, presidente de la Confederación del Tercer Sector, ha hecho un voto de confianza en el que se refuerce la financiación a través del Proyecto de Ley de instrumentos de provisión del Sistema Público de Servicios Sociales: “Siempre lo decimos, necesitamos certezas. Y la mejor certeza es la estabilidad financiera”.

Por otra parte, la normativa también apuesta por mejorar la calidad del empleo y avanzar hacia condiciones laborales equiparables a las de la función pública. Aunque la ley no regula los servicios sociales ni los mecanismos de provisión o gestión de los servicios públicos, que tendrán que desarrollarse con el proyecto de ley citado, sí reconoce la concertación como la fórmula preferente de colaboración con el tercer sector.