¿Qué lugar ocupa la primera infancia en las prioridades educativas y sociales del país?
En un contexto marcado en Cataluña por la reciente huelga de docentes, se ha hablado mucho de ratios y calidad en la educación en etapas de primaria y secundaria. Sin embargo, eleducación de 0-3 años es una etapa decisivaa menudo poco regulada, que también busca su espacio en el debate público. Esta misma semana las trabajadoras de las guarderías han hecho huelga en todo el Estado y se han manifestado en las principales ciudades catalanas para reclamar mejoras.
Una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada desde las guarderías, propone crear una ley específica para regular el primer ciclo de educación infantil. El objetivo es garantizar la equidad, la universalidad y las condiciones educativas adecuadas, tanto para niños como para profesionales, en una etapa clave del desarrollo humano.
Una etapa decisiva a menudo poco regulada
Las investigaciones en neurociencia, psicología del desarrollo y economía coinciden en señalar que los primeros años de vida tienen un profundo impacto en el desarrollo cognitivo, emocional y social. A pesar de este consenso, el primer ciclo de educación infantil sigue teniendo un reconocimiento desigual en el sistema educativo actual.
El Convenio Colectivo Estatal continúa sin garantizar de forma explícita tiempo suficiente de horas no lectivas dentro de la jornada laboral para el trabajo pedagógico indirecto, como la planificación, la documentación educativa, la coordinación de equipo, la relación con las familias o la formación permanente.
La literatura especializada identifica como condiciones indispensables para la calidad educativa estos aspectos que no están regulados y dependen de los distintos modelos de gestión, o bien de la voluntariedad de las profesionales.
En el ciclo 0-3 no están establecidos los apoyos para la atención a la diversidad: no se concreta ningún recurso, ni se facilita ningún apoyo cuando, en cambio, el decreto en el que se establece el currículum de educación infantil (2023) explicita que se debe atender a todos los niños con una respuesta educativa inclusiva y de calidad.
El derecho a la educación desde el nacimiento
Varios organismos internacionales destacaron que el acceso a una educación de calidad desde la primera infancia es un derecho fundamental. El Premio Nobel de Economía en 2016, James Heckman, indica que la inversión en educación contribuye a reducir desigualdades, mejorar trayectorias educativas y favorecer una mayor participación laboral en el futuro. En este sentido, la educación de los 0-3 años no es sólo cuestión pedagógica, sino también una política social y económica estratégica.
Esta realidad laboral se inscribe directamente en el actual debate sobre la calidad del ciclo 0-3 y pone de manifiesto la necesidad de una mirada política específica para esta etapa educativa.
La Iniciativa Legislativa Popular impulsada en Cataluña emerge precisamente en ese contexto. Es una propuesta orientada a superar las limitaciones de un marco regulador fragmentado e insuficiente. Su objetivo es garantizar unas condiciones estructurales que hagan posible situar al niño en el centro de la acción educativa.
Desde esta perspectiva, la regulación de los ratios, el reconocimiento del tiempo pedagógico no lectivo, la formación especializada de los profesionales, la atención a la diversidad y la dignificación de las condiciones laborales se convierten en elementos clave para construir un sistema educativo de calidad desde las primeras etapas de la vida.
Una propuesta legislativa surgida del día a día en los centros
La propuesta legislativa actual no surge de las instituciones, sino de profesionales de educación infantil. Ellos y ellas conocen de primera mano la realidad cotidiana de los centros. El movimiento se ha ido articulando a través de redes territoriales de educadoras, equipos directivos y entidades pedagógicas en toda Cataluña.
Este debate no es exclusivamente local. A escala europea, el proyecto EDUFIRSTfinanciado por el programa Erasmus+, propone repensar los servicios de educación y atención a la primera infancia desde una perspectiva global e integrada. Su principal aportación es entender la calidad educativa 0-3 entendida como un concepto global interrelacionado a tres niveles:
- Las políticas públicas que deben seguir las orientaciones de la Garantía Infantil Europea (Child Guarantee), derechos sociales y Agenda 2030así como incorporar en el debate temas como la justicia climática y la dimensión comunitaria responsiva.
- Organización institucional de los servicios, con políticas de ciudad y barrio contextualizadas. Es esencial que no sólo den respuesta a las necesidades detectadas, sino que se anticipen a las particularidades de carácter social y educativo.
- Las prácticas pedagógicas cotidianas, basadas en criterios científicos contrastados de carácter pedagógico y psicológico.
Según este enfoque, mejorar sólo uno de esos ámbitos es insuficiente. Las decisiones legislativas condicionan la organización de los centros y, en última instancia, las experiencias educativas que viven los niños cada día. Cuando estos niveles no están alineados, la calidad educativa se ve afectada.
¿Qué entendemos por calidad educativa en el 0-3
La calidad en esta etapa no depende sólo de las metodologías pedagógicas.
Garantizar entornos educativos estables de calidad educativa viene determinado por los recursos y la organización de las políticas, de las instituciones, así como por los conocimientos de las profesionales cualificadas que concretan la práctica educativa.
También por las condiciones de disponibilidad de tiempo para la planificación y evaluación pedagógica. En este sentido, es imprescindible una legislación que dote de los recursos necesarios y garantice la formación de las profesionales. La dotación de recursos para la inclusión, de forma que se dé respuesta equitativa a la diversidad, también es clave.
Una visión a largo plazo
Situar el primer ciclo de educación infantil como la primera etapa del sistema educativo implica asumir decisiones políticas relevantes. Regular los ratios, promover la codocencia o garantizar una oferta educativa al alcance de todas las familias requiere inversión y visión a largo plazo.
La tramitación parlamentaria de esta iniciativa, si finalmente se logran los apoyos necesarios, abrirá un espacio de diálogo entre profesionales, instituciones y sociedad civil. En este escenario, la cuestión de fondo está clara: decidir qué lugar ocupa la primera infancia en las prioridades educativas y sociales del país.
(Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation. Puede leer el original aquí)
