Acuerdo de los partidos para regular los alquileres de temporada y las habitaciones gracias a la presión de las calles – Sindicat de Llogateres

Tras meses de movilización y presión social, hoy se ha hecho público un acuerdo entre el Govern y los grupos de ERC, CUP y Comuns para tramitar un proyecto de ley que regulará los alquileres temporales y de habitaciones y creará un cuerpo de inspectores de vivienda.

Desde el Sindicat de Llogateres queremos dejar claro que este acuerdo llega más de dos años tarde, y recupera una regulación de alquileres temporales y de habitaciones que el PSC tumbó el pasado julio. Si hoy se han visto obligados a mover ficha es gracias a las masivas movilizaciones en las dos grandes manifestaciones de este curso y ante el desahucio de Casa Orsola, donde precisamente se querían realizar alquileres temporales. Ante las graves consecuencias que está generando el uso especulativo de los alquileres temporales y de habitaciones, el mensaje está claro: basta con mirar hacia otro lado. O plantan cara al negocio inmobiliario, o el conflicto por la vivienda se les llevará por delante.

El acuerdo recoge dos demandas que llevamos semanas poniendo sobre la mesa. Por un lado, la regulación de alquileres temporales y habitaciones servirá para evitar el fraude y que se pueda sortear las regulaciones que protegen a las inquilinos: la limitación de los precios en zonas tensionadas, la prohibición de cobrar honorarios de agencia, los contratos de corta duración o el cobro de fianzas exorbitadas y gastos adicionales. El acuerdo dice que se aplicarán las normas previstas por los arrendamientos de vivienda habitual, que contienen todo un conjunto de derechos y protecciones para los inquilinos, sobre todos los contratos a excepción de aquellos donde pueda demostrarse que el arrendamiento del inmueble tiene una finalidad recreativa. Por otra parte, el acuerdo incluye la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda, imprescindible para hacer cumplir la ley y debe perseguir de oficio los fraudes de ley en materia de vivienda.

El Sindicato exigimos que no se pierda ni un día más. Esta regulación ya debería haber sido aprobada hace tiempo: la Ley de Vivienda es de mayo de 2023 y ya hacía tiempo que señalábamos ese agujero. La situación es urgente y no permite más dilaciones. La tramitación de este acuerdo debe ser lo más breve posible.

En cambio, la prórroga de la calificación de la vivienda de protección oficial no da respuesta a la situación que viven los inquilinos en huelga de alquileres contra La Caixa. La prórroga de la fase concertada no obliga a realizar contratos de alquileres a estos vecinos, sino que sigue permitiendo a InmoCriteria echarlos o forzarlos a endeudarse (si pueden) para seguir viviendo en su casa, construida con fondos públicos. La principal reivindicación de esta huelga sigue siendo que los pisos pasen a manos públicas. Hay que garantizar que ninguna familia inquilina de pisos protegidos, como las afectadas por el fin del alquiler obligatorio en pisos de La Caixa, pueda ser desahuciada.

Además, recordemos que las movilizaciones de las últimas semanas decían mucho más que lo que recoge este acuerdo. Hay que bajar el precio de los alquileres un 50%, necesitamos contratos indefinidos, es necesario prohibir las compras especulativas y un parque de vivienda protegida 100% público. En definitiva, si queremos que la vivienda sea un derecho, debe dejar de ser un negocio. Este acuerdo es sólo un paso. Nosotros seguiremos organizadas y movilizándonos hasta ganarlo todo.