Denunciamos 35 inmobiliarias por publicar anuncios que incumplen la regulación de alquileres – Sindicat de Llogateres
Omitir información a los anuncios como el precio del índice de alquiler, el precio del anterior contrato y la condición de gran tenedor suponen sanciones de hasta 90.000 euros
El Sindicato de Alquiladoras ha registrado hoy una denuncia en la Agencia Catalana de Consumo contra inmobiliarias y particulares que se anuncian en portales inmobiliarios por incumplir de forma sistemática la regulación de alquileres. La organización ha documentado 50 anuncios de pisos en barrios de Barcelona como Horta-Guinardó, Eixample y Gràcia que vulneran el Decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas. Los anuncios analizados no incluyen información obligatoria como precio de referencia del índice, contrato anterior o condición de gran tenedor. En total, se han denunciado 35 inmobiliarias y 5 particulares, aunque el Sindicato advierte que es una muestra muy limitada, y que los incumplimientos son sistemáticos en una parte mayoritaria de los anuncios. Estos incumplimientos implican que una de las vías para saltarse la regulación de los alquileres es desinformar a los inquilinos que quieren acceder a una vivienda del precio al que debería ser alquilada.
Multas de hasta 90.000 euros por saltarse la regulación
La falta de información obligatoria en los anuncios -como el precio de referencia del índice de alquiler, el precio del contrato anterior y la condición de gran tenedor- no es un simple descuido, es una acción deliberada para ocultar a los potenciales inquilinos información necesaria para defender sus derechos. Se trata de un grave incumplimiento de la normativa catalana de contención de rentas, regulada por el Decreto ley 1/2025 y por la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda. Este marco legal obliga a todas las personas físicas y jurídicas que comercializan viviendas situadas en áreas declaradas de mercado de vivienda tensado a informar de forma transparente sobre estos tres elementos, que permiten al inquilino saber si el precio anunciado respeta el límite legal. Según el artículo 118 de la Ley 18/2007 y el régimen sancionador desarrollado por el Decreto 7/2024, la omisión de esta información puede ser considerada infracción grave o muy grave, con multas que pueden oscilar entre 9.001 y 90.000 euros, especialmente en casos de reiteración o afectación. Además, la Ley estatal por el derecho a la vivienda (12/2023) refuerza la competencia de la Generalitat para sancionar estos incumplimientos, que recaen bajo la vigilancia de la Agencia Catalana de Consumo, competente para iniciar y resolver expedientes sancionadores contra portales inmobiliarios, empresas y grandes tenedores que desinformen o vulneren la regulación de rentas.
Si el gobierno no controla las inmobiliarias, seguirán actuando al margen de la ley
Mientras el Sindicato de Alquiladoras ha hecho el trabajo de detectar, recoger y denunciar estos incumplimientos, el gobierno todavía no ha interpuesto ninguna sanción desde que el régimen sancionador entró en vigor en febrero. Si no es la administración quien controla proactivamente el cumplimiento de la regulación, se está enviando un mensaje a inmobiliarias y rentistas que pueden actuar impunemente al margen de la ley.
