Prometer 214.000 pisos no soluciona el problema de la vivienda – Sindicat de Llogateres

El 60% serán vivienda libre y buena parte del 40% restante responde a un modelo VPO controlado por privados

Isla compra el mantra de la falta de oferta

El discurso de Isla sobre vivienda en el debate de política general se resume en un verbo: construir, construir y construir. El PSC compra de forma acrítica el mantra engañoso de que el problema de vivienda es de falta de oferta, haciendo caso omiso de una cifra evidente: los ciclos de construcción masiva en nuestro país han ido siempre acompañados de ciclos de subidas de precios de la vivienda.

Tenemos, además, una demanda hinchada por las compras de vivienda que realizan inversores. No olvidemos que, según FUNCAS, el 60% de las compras de vivienda se están realizando sin hipoteca y que, según el gigante inmobiliario JLL, actualmente la inversión en propiedad inmobiliaria es la opción más rentable a escala global, después de las acciones estadounidenses. Isla habla de 214.000 pisos nuevos, pero ¿quién nos dice que éstos servirán para vivienda principal a precios asequibles?

En este sentido, el discurso del gobierno presenta una confusión interesada entre “vivienda pública”, “vivienda de protección oficial” y la construcción de nuevas viviendas en general. El presidente de la Generalitat vuelve a hacer anuncios con grandes cifras que no deja claro de dónde salen y que oiremos repetidas mil veces en los próximos meses. Se presentan estos 214.000 pisos como si todos debieran ser protegidos, cuando la realidad es que la mayoría de estos pisos prometidos no serían de protección oficial. La reserva del 40% es lo que marca ya la ley. Por otro lado, los famosos 50.000 pisos se siguen presentando como “vivienda pública”, pero la realidad es que se realizan con operadores privados y quedarán en manos de éstos.

Vivienda protegida en manos privadas y negocio redondo para el lobby de la construcción

Sabemos bien qué sucede cuando se delega en manos de operadores privados la gestión de vivienda protegida, como se hizo con la Obra Social La Caixa (ahora dentro de CriteriaCaixa), que impuso cláusulas abusivas a más de 1.700 contratos de alquileres y cobró fraudulentamente los 10 millones de euros en concepto de IB en dos ocasiones), además de hacer un mantenimiento pésimo de los edificios. Todo esto se hizo bajo el amparo de una Agencia de la Vivienda de Cataluña que visaba los contratos sin ningún tipo de control. Dejar en manos de operadores privados sin control la gestión de los pisos protegidos nos lleva a abusos hacia los inquilinos financiados por el erario público.

Necesitamos una ampliación sustantiva del parque de vivienda pública, pero la construcción no es la única forma de hacerlo, ni la más efectiva y rápida. Es seguro la que más interesa al lobby de la construcción, que verá una gran oportunidad de negocio. Es ese mismo lobi quien proponía tener puertas separadas para los pisos protegidos y para los de precio de mercado.

Es necesario aumentar el presupuesto para la adquisición a través del tanteo y retracto y de la compra de vivienda. Es imposible llegar al objetivo del 15% de vivienda protegida (o el 25% que tienen determinados países europeos) a base de construir nuevas viviendas: es necesario que haya viviendas privadas que pasen a ser públicas. Concretamente, en Cataluña 1 de cada 3 pisos protegidos se descalificarán en los próximos años. La adquisición por parte de la administración pública es una forma rápida y eficaz para que haya más viviendas públicas para la gente trabajadora. Precisamente 70 familias de pisos de La Caixa de Banyoles, Sentmenat, Sitges y Palau-solità y Plegamans llevan 7 meses de huelga de alquileres reclamando que la administración adquiera estos pisos para evitar que sean privatizados y los inquilinos, expulsados.

Pero no sólo es necesario ampliar el parque de vivienda pública, sino apostar por un nuevo modelo verdaderamente orientado al interés general. El Sindicato de Alquiladoras apostamos por una vivienda protegida a perpetuidad y en régimen permanente de alquiler, siempre bajo control público, donde los precios sean progresivos en función de los ingresos de las familias. Hay que asegurar en las condiciones de los contratos de estos pisos su renovación automática, la garantía de todos los derechos colectivos de los inquilinos (y, por tanto, sin cláusulas abusivas).

La mayoría de viviendas no son de protección oficial

Por último, por mucho que se redoblen esfuerzos, el crecimiento del parque de vivienda pública será lento. Mientras, el 98% de las viviendas en Catalunya no son de protección oficial. Lo que propone Isla son 186 millones de euros anuales en ayudas para el pago del alquiler, dinero a fondo perdido que ya sabemos que acaba en los bolsillos de los rentistas. El presidente ha hablado de la necesidad de regular, pero no ha anunciado ningún paso adelante en este sentido.

La regulación de precios vigente debe aplicarse con mucha más contundencia (ayer mismo el Sindicato de Alquiladoras denunciaba a 35 inmobiliarias que incumplen la ley mientras la Generalitat no ha puesto ninguna sanción) y la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, pese a estar pactada, aún no se ha aprobado. Pero hay que ir más allá: debe prohibirse la compra de vivienda a quien no la destine al uso propio oa la protección oficial. Más que necesitar viviendas nuevas, necesitamos que las viviendas sirvan para que la gente viva a precios asequibles.

Además, la largamente prometida ley de arrendamientos que debe permitir hacer avanzar los derechos de los inquilinos en Catalunya sigue en un cajón aunque era un compromiso de legislatura de este gobierno.