El riesgo de pobreza repunta en Cataluña y ya afecta a más de dos millones de personas
La pobreza y la exclusión social vuelven a crecer en Cataluña después de cinco años de estabilidad relativa. Según la Radiografía INSOCAT 2026, elaborada por ECAS —Entidades Catalanas de Acción Social—, la tasa AROPE se ha situado en el 24,8%, 0,8 puntos más que el año anterior, y afecta ya a más de dos millones de personas. La tasa de pobreza también aumenta hasta un 18,9%.
El informe pone de manifiesto la contradicción entre el crecimiento económico y la realidad social. Aunque el PIB aumentó un 2,7% y el paro descendió hasta el 8,4%, casi la mitad de la población (47,3%) tiene dificultades para llegar a fin de mes.
El encarecimiento del coste de la vida absorbe prácticamente toda la renta disponible y dificulta cubrir las necesidades básicas. “El encarecimiento del coste de la vida, que absorbe el 95% de la renta media disponible, hace que a la mitad de la población en Cataluña le cueste poder pagar los gastos básicos”, afirma Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.
La precariedad laboral sigue siendo un factor clave: el 42,4% de la población activa se encuentra en esta situación y la pobreza en el trabajo sube hasta el 11,8%. Además, la entidad advierte que los datos oficiales no reflejan toda la realidad, puesto que dejan fuera a colectivos en situaciones extremas como las personas sin hogar o en situación administrativa irregular.
Los colectivos más afectados siguen siendo los que históricamente sufren mayor vulnerabilidad como la infancia, las mujeres y las personas migradas. Así, la pobreza infantil sube hasta el 36%, mientras que casi la mitad de las personas sin nacionalidad española (49,7%) viven en riesgo de pobreza o exclusión social.
También aumenta el riesgo entre mujeres y se mantiene la transmisión intergeneracional de las desigualdades: el 35% de la desigualdad de ingresos está condicionada por factores como el origen familiar o el género.
Pérdida de eficacia de las transferencias sociales
El informe alerta además de la pérdida de eficacia de las transferencias sociales. Aunque siguen siendo clave, sólo consiguen sacar de la pobreza al 21,5% de la población, con una capacidad protectora especialmente limitada en el caso de la infancia: “Su capacidad protectora es especialmente insuficiente para la infancia y la adolescencia, y funcionan sobre todo en el caso de las pensiones”, explica Bermúdez.
Mientras que para los mayores las pensiones reducen la tasa de pobreza del 76,9% al 14,2%, en el caso de los menores la reducción es mucho más limitada (del 39,7% al 30%).
La vivienda es uno de los principales motores de empobrecimiento. Entre 2014 y 2025, los alquileres han aumentado más de un 58% y vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza. Actualmente, 568.000 hogares sufren precariedad residencial y una parte significativa de la población (16,8%) no puede asumir gastos básicos como mantener el hogar a una temperatura adecuada o pagar puntualmente los suministros.
El informe también alerta de que la crisis de acceso y mantenimiento de la vivienda está vinculada a una fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente. Un 1,2% de grandes tenedores posee casi un cuarto del mercado inmobiliario.
Ante este escenario, ECAS reclama reforzar las políticas redistributivas, ampliar la cobertura de las prestaciones sociales e impulsar medidas estructurales en materia de vivienda. La entidad alerta de que Catalunya sigue por debajo de la media estatal en inversión social y que ayudas como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital llegan a una parte demasiado reducida de la población que los necesita.
La organización insiste en que el crecimiento económico sólo se traducirá en bienestar si va acompañado de políticas públicas más ambiciosas que garanticen una prosperidad compartida y derechos sociales de toda la ciudadanía.
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