Frente social contra la política del Ayuntamiento de Barcelona por ceder 1.000 viviendas sociales a manos privadas
Un amplio frente de organizaciones sociales, cooperativas y sindicales ha denunciado conjuntamente que las políticas municipales de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona se están orientando hacia la gestión privada con ánimo de lucro. Reclaman que el consistorio ha adjudicado a empresas mercantiles construir hasta 1.000 viviendas en régimen de alquiler de protección oficial sobre suelo público. Las entidades denuncian que se prioricen criterios económicos por encima del impacto social y reclamamos reforzar la vivienda pública, social y cooperativa.
El manifiesto está impulsado impulsado por la Red de Economía Solidaria (XES), la FAVB, el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB), la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña, el Sindicato de Alquiladoras, la PAH Barcelona, el Observatorio DESCA, así como las organizaciones juveniles sindicales Avalot (UGT) y Acciones.
Las entidades apuntan a la adjudicación de un concurso público, el pasado mes de noviembre, a una sociedad mercantil construir más de 400 viviendas de alquiler sobre suelo público en tres solares municipales en el distrito de Sants y Sant Martí. Reclaman que esta licitación estuvo adjudicada mayoritariamente a una sociedad mercantil vinculada a la gran promotora inmobiliaria Corp.
Por otro lado, denuncian que este miércoles el gobierno municipal ha presentado dos nuevos concursos abiertos a operadores privados: dos suelos destinados a alojamiento dotacional, en la avenida Diagonal y en la calle Venezuela, y tres solares para vivienda convencional, en las calles Motors y Torras i Bages. Todos estos proyectos se plantean en régimen de vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler.
En conjunto, estos concursos suman aproximadamente 625 viviendas, que se añaden a las más de 400 viviendas del concurso anterior para operadores privados, lo que hace un total de más de 1.000 viviendas adjudicadas, o en proceso de adjudicación, bajo este modelo.
Una cesión con grandes beneficios para los operadores privados
Las entidades alertan de que este modelo supone una transferencia de valor público hacia actores privados durante períodos de hasta 99 años. Mientras, reclaman, los operadores privados podrán obtener importantes beneficios durante muchos años, ya que podrán acceder a subvenciones públicas y financiación pública del ICF para cubrir el 100% del coste de los edificios.
Además, denuncian que el modelo del Ayuntamiento prioriza criterios económicos por encima del impacto social y calidad de los proyectos y no incorpora mecanismos efectivos para garantizar la función social de la vivienda. También alertan de que esta estrategia se está desplegando sin diálogo con la economía social y solidaria, a pesar de la existencia de instrumentos como el convenio ESAL.
Más vivienda a entidades sin ánimo de lucro
Las organizaciones denuncian que esta cifra contrasta con las políticas de cesión de suelo por entidades sin ánimo de lucro, mediante el Convenio ESAL, durante este mandato: por el momento, el gobierno municipal ha anunciado la previsión de promover sólo 200 viviendas en régimen cooperativo en cesión de uso, sin que hasta ahora se haya formalizado la cesión de ningún solar. Durante el período entre 2021 y 2023, los operadores sin lucro recibieron un total de 616 viviendas en 16 solares, lejos de la promesa de las 1.000 viviendas prometidas cuando el convenio se firmó.
Ante esta situación, las entidades reclaman incrementar el parque de vivienda pública y reforzar la colaboración público-comunitaria con entidades sin ánimo de lucro por delante de otros modelos. Por otra parte, exigen al consistorio detener los nuevos concursos abiertos a empresas privadas y destinar este suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL.
“Barcelona no puede permitirse consolidar un modelo de vivienda basado en transferir suelo público a operadores privados y con ánimo de lucro”, reclaman las entidades al comunicado. “Hay que priorizar decididamente un parque de vivienda fuera del mercado, bajo control público y comunitario, que garantice el derecho a la vivienda a largo plazo y no la rentabilidad privada”, añaden.
Suscríbete al boletín de Social.cat para recibir las últimas novedades en tu correo.
