¿Qué parque de vivienda pública queremos? – Sindicato de Alquiladoras

¿Vivienda protegida público-privada, que garantice los beneficios de grandes tenedores y operadores privados? ¿O un sector público donde la vivienda no sea una mercancía?

En Cataluña (y en el conjunto del estado), la proporción de vivienda protegida es ínfima. Esto se debe no tanto a la poca promoción que se ha hecho bajo este régimen sino a su liberalización al cabo de un tiempo. Se ha realizado, además, con un modelo que ha confiado la gestión de estas viviendas a privadas que extraen tasas de rentabilidad elevadas tras amortizaciones muy tempranas.

El objetivo de impulsar un sistema de alquiler público no debería ser el de constituir un mercado de alquiler asequible que contribuye igualmente a engordar los beneficios y el poder de grandes tenedores, bancos y otros operadores privados, sino impulsar todo un sector en el que la vivienda no sea una mercancía.

El 1 de enero de 2025 ha entrado en vigor el Plan territorial sectorial de vivienda establece el objetivo de alcanzar en veinte años un 15% de viviendas “destinadas a políticas sociales” en todos los municipios de zonas con demanda residencial fuerte y acreditada, fijando también la reserva de suelo para protección pública. El gobierno ha concretado las primeras acciones en el plan 50.000 y centra en esta apuesta sus propuestas sobre vivienda.

Pero en ese objetivo ambicioso la patronal inmobiliaria no deja de encontrar una oportunidad de negocio. Proyecta un modelo de alquiler segmentado donde haya: un sector privado “a precio libre”, otro protegido público-privado que les garantice igualmente beneficios y recoja a las personas que no pueden pagar los precios “libres”, y finalmente un modelo social a partir del patrimonio gestionado por las administraciones públicas, las viviendas de las mesas de emergencia y el sistema de viviendas gestionadas. Nosotros, en cambio, defendemos un modelo público de este universal sin lógicas discriminatorias o segregadoras por razones económicas o de otros tipos.

Debemos ser conscientes, además, de que la patronal, los medios y los gobiernos a menudo confunden interesadamente términos como “alquiler social”, “precios asequibles”, “vivienda protegida” y “vivienda pública”. Los utilizan indistintamente y esto contribuye al desconocimiento de la población sobre este tipo de políticas.

Mientras, la práctica sindical nos muestra que en los pisos protegidos se encuentra la misma lógica de abusos a los inquilinos que en el mercado libre: trampas en los precios, no renovación de contratos arbitrarias, cláusulas abusivas, desatención de responsabilidades, incomunicación, etc.

Así pues, la disputa actual no es si es necesario o no hacer vivienda protegida, sino hacia dónde se orienta: al beneficio privado de promotoras, constructoras y empresas propietarias, o bien al interés general y las necesidades de la clase trabajadora.

Necesitamos un parque de vivienda pública de verdad.

1. Para hacer crecer el parque de vivienda pública, es necesario destinar un al menos un 3% del PIB a inversión en políticas de viviendapero no puede ir ni un euro público a vivienda que después no quede protegido a perpetuidad. Otras políticas como las ayudas a la rehabilitación oa la compra también deben tener controles y limitaciones para que no sirvan para la especulación con el precio de la vivienda.
2. El aumento de vivienda pública y protegida no debe basarse sólo, ni principalmente, en la nueva construcción. Puede ser necesario en determinados municipios, pero no de forma general. Es necesario adquirir vivienda existente para incorporarlo al parque público, con especial atención a las miles de viviendas que perderán la protección oficial en los próximos años, así como a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores. También es necesario aprovechar las herramientas ya existentes para movilizar los pisos vacíos, incluida laexpropiación forzosa por incumplimiento de la función social.
3. Hoy en día se siguen haciendo promociones de vivienda protegida para la venta privada. La vivienda protegida debe ser siempre de alquilerpara evitar seguir ampliando el parque privado con dinero público y por tener un control verdadero sobre este parque.
4. Toda la vivienda protegida que se promueva debe ser de titularidad públicao bien bajo modelos cooperativos o mecanismos de cogestión. En los casos en que la titularidad y/o la gestión de pisos protegidos esté ya en manos privadas, esto no puede suponer un abandono de la responsabilidad de control por parte de la administración pública: debe haber uno control público mucho más intensivo que evite las condiciones abusivas, asegure el mantenimiento de los edificios y garantice los derechos de los inquilinos.
5. Para gestionar un mayor parque de vivienda pública y para controlar debidamente el parque de vivienda protegida en manos privadas, es necesario reforzar las herramientas públicas como INCASÒL y la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
6. Se deben reducir los precios del alquiler de VPO lo máximo posible, con un sistema de precios progresivos en función de los ingresos de las unidades de convivencia que incluya el acceso gratuito a una parte de las viviendas. Asimismo, es necesario eliminar el mínimo de ingresos que se requiere a las personas que quieran acceder a la vivienda protegida.
7. En toda la vivienda protegida, se debe contar con modelo de contrato tiposin cláusula abusiva ni que cargue en el inquilino más deberes que los que ya prevé la LAU.
8. La renovación de los contratos a aquellas unidades que sigan cumpliendo las condiciones establecidas será automática en las viviendas protegidas. Si los pisos forman parte de una política que quiere facilitar el acceso a la vivienda, no tiene sentido expulsar a alguien que sigue cumpliendo las mismas condiciones que cuando accedió.
9. La vivienda pública debe tener la calidad suficiente como para garantizar una habitabilidad digna en materia de temperatura en el hogar. Los precios de los suministros energéticos deben estar regulados para evitar situaciones de pobreza energética.
10. La vivienda protegida, y especialmente el público, puede ser un espacio de ensayo necesario para todos los derechos colectivos y sindicales que queremos conquistar para todos los inquilinos: derecho de reunión, derecho a sindicarse, negociación colectiva de los contratos, reconocimientos de los delegados y representantes, control democrática de los gastos comunitarios y la gestión de espacios comunes. Todas estas condiciones deben formalizarse en los reglamentos de convivencia, que ahora mismo no contemplan sino obligaciones y sanciones para los inquilinos.