Arnau Viaplana, el administrador del fondo Urbe Enginova investigado penalmente por acoso inmobiliario hacia los inquilinos de Concordia 41

Las inquilinos interpusieron una denuncia colectiva después de estar 39 días sin ascensor y en el marco de un proceso de expulsiones forzosas por parte de la empresa que adquirió la finca hace un año

El juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha admitido la denuncia colectiva presentada por las inquilinos de la calle Concordia 41 junto con el Sindicato de Alquiladoras y el Colectivo Ronda contra el fondo buitre Urbe Enginova. Se trata de la segunda denuncia penal colectiva por acoso inmobiliario en todo el Estado español. Las vecinas de la finca interpusieron la denuncia por acoso a mediados de noviembre, después de 39 días sin el ascensor operativo. Este hecho imposibilitó que varias de ellas, con movilidad reducida, pudieran salir del piso durante ese período. Las inquilinos ya llevan un año organizadas con el Sindicato de Alquiladoras y el Sindicato de Barrio de Poble Seccuando se enteraron de que este fondo había comprado el blog entero y quería echarlas de casa lo antes posible.

En la denuncia de acoso, las inquilinos indican la falta de responsabilidad hacia el mantenimiento de la finca y el abandono de los deberes legales que corresponden a la propiedad como responder a los correos de los vecinos, el mantenimiento de la limpieza y las reparaciones. Toda una estrategia deliberada por parte de Urbe Enginova para echar a las inquilinas, a la que se añade la contratación de una empresa de “desokupación” para presionar e intimidar a los vecinos y provocar el abandono de sus pisos en contra de su voluntad.

50 días sin poder salir de casa

El 6 de octubre se estropeó el ascensor de la finca, lo que impidió la movilidad de las personas mayores y las personas con dificultades de movilidad. Cuando se rompió, las arrendatarias solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellas mismas con la empresa de mantenimiento. Ésta envió el 8 de octubre un presupuesto de 2.000 € a la propiedad, con las vecinas en copia, asegurando que la avería se podría resolver en quince días. Pasadas dos semanas sin respuesta, las inquilinos enviaron un burofax reclamando explicaciones. La propiedad sólo contestó 35 días después de que el ascensor dejara de funcionar, alegando que se realizaba un cambio de empresa de mantenimiento, información que las vecinas contrastaron con la empresa original y que no constaba como cierta.

En un bloque en el que prácticamente la mitad de los pisos son de la bolsa de alquiler social del Ayuntamiento, es decir, donde las familias atraviesan problemas vulnerabilidad económica y social, la situación en los últimos meses se volvió insostenible. La salud física y mental de las inquilinos se ha visto perjudicada, con cancelaciones de vacunaciones o visitas médicas por el seguimiento de enfermedades crónicas. La denuncia incorpora los informes correspondientes de los médicos de cabecera que muchas de las vecinas de blog que prueban este daño ante el que la propiedad no ha mostrado más que indiferencia. El ascensor volvió a funcionar el pasado 25 de noviembre, después de cincuenta días. Una vez que la demanda ya había sido interpuesta.

Poner fin a las expulsiones y el acoso con una ley en el Congreso

El caso de Concordia pone de relieve la necesidad de proteger a quien vive de alquiler ante las expulsiones y el acoso de los arrendadores. En este sentido, en febrero se votará un decreto en el Congreso de los Diputados que incorpora una prórroga obligatoria de tres años en los contratos y que sería determinante para garantizar la estabilidad de las inquilinas de Concordia. Además, el decreto incorpora una medida clave para hacer frente al abandono de los deberes legales de la propiedad frente al mantenimiento: la posibilidad de que las inquilinos ejecuten las reparaciones y se descuenten los costes de la renta. Estas medidas garantizarían que situaciones como la de Concordia no dejen a personas vulnerables sin servicios básicos ni derechos reconocidos.

Esta denuncia penal hecha colectivamente por un caso de acoso inmobiliario es la segunda aceptada a trámite en todo el Estado español después de que un juzgado de Madrid aceptara un caso similar en la calle Tribulete. Esto es una muestra de cómo las inquilinos son cada vez más conscientes de la necesidad de organizarse y hacer frente a los especuladores que han creado la actual crisis habitacional en nuestras ciudades.