20 años de anticoncepción de urgencia. Muchas luces y algunas sombras

Esta semana cumple 20 años de la aprobación de la píldora de urgencia o píldora poscoital en el Estado español. A pesar de celebrar la mayor disponibilidad y sus avances que han permitido ganancias evidentes en forma de reducción de embarazos adolescentes, siguen habiendo aspectos a mejorar y vulneración de derechos en su acceso.

A finales de marzo de 2001 fue aprobado por el Ministerio de Sanidad de España la comercialización de la píldora del día después. Inicialmente sólo se comercializaba con receta médica y sin financiación pública. Gradualmente pero varias iniciativas de salud pública consiguieron que fuera accesible sin receta médica en las farmacias y también oferta gratuitamente en Catalunya -desde 2004- en los distintos centros de salud.

Durante el año 2018 en Cataluña, se estima que se dispensaron alrededor de unas 63.000 unidades al año. Unas 15.000 en la red sanitaria pública de Catalunya (CAP, ASSIR, CUAP…) y otras 53.000 en las farmacias donde se puede dispensar sin receta desde 2009.

Según una encuesta de la SEC en 2019, un 30% de las jóvenes entre 16 y 25 había tomado en alguna ocasión la anticoncepción de urgencia. Sin duda cifras como éstas han permitido en los últimos años ha disminuido notablemente la tasa de embarazos en las adolescentes (15 a 19 años), que ha pasado de un 22,8 por mil en 2013 a un 10,7 por mil en 2018.

Y es que según cálculos de la OMS (2018), el AU puede prevenir el 95% de los embarazos no planificados si se administra hasta cinco días después de la relación sexual. Además, la evidencia es clara con respecto a su seguridad y la OMS propugna que la anticoncepción de urgencia debería estar garantizada en cualquier programa de planificación familiar y/o servicio de salud.

Ante estos datos, la valoración que hacemos desde la Asociación es altamente positiva de estos 20 años porque se ha ido facilitando el acceso y ha permitido ir poniendo al alcance de las mujeres y personas gestantes un método anticonceptivo altamente eficaz y ofrecer una segunda oportunidad para evitar un embarazo no planificado.

Sin embargo, creemos que todavía hay algunos retos a afrontar y que, en algunos casos suponen, vulneraciones del derecho al acceso a la pastilla:

1. La vulneración del derecho a la anticoncepción de emergencia puede conducir a un embarazo no planificado. Pese a la gravedad de la situación, es la denuncia más frecuente en el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Entre las denuncias recibidas, destacan los casos de personas menores de edad a las que se les ha negado la pastilla de en una farmacia. Hemos podido recoger testimonios de cómo, en las menores se las trata con paternalismo, se las interroga, se les pide el carné de identidad sin necesidad ni justificación o se juzga su situación o demanda. En el caso de las menores de edad, hablamos de situaciones especialmente sensibles. Un embarazo no planificado en mujeres menores de edad implica encontrarse con obstáculos legales que pueden acabar conduciendo a una maternidad forzada, con graves consecuencias sobre sus vidas, o un aborto clandestino. Más información en el informe del Observatorio de 2019 https://derechos-sexuales-y-reproductius.lassociacio.org/informe2019/anticoncepciourgencia/
2. Se necesitan campañas que ayuden a erradicar falsos mitos en torno a la anticoncepción de urgencia que siguen circulan entre la población más joven (se tiene la percepción de que es una “bomba hormonal”, o que sólo se puede tomar un número determinado de veces porque acaba provocando esterilidad…). Una encuesta hecha por el CJAS mostraba que hasta un 87% de las jóvenes encuestadas (16 a 25 años) creían uno de los diversos falsos mitos de la anticoncepción de urgencia. E incluso un 36% habían escuchado que era abortiva, lo que es absolutamente falso.
3. Es importante aumentar la conciencia del uso e incorporar la pastilla de anticoncepción de urgencia como un fármaco más disponer en los botiquines de casa a la que recurrir en situaciones puntuales.
4. Habría que facilitar aún más el acceso a las oficinas de farmacias disponiendo las pastillas fuera del mostrador y de libre disposición de las usuarias como ocurre en varios países. Además de rebajar el precio que se sitúa entre 20 y 30 euros, excesivamente caro ya menudo inaccesible, sobre todo por las personas más jóvenes