APSOCECAT traslada al Departamento de Derechos Sociales la urgencia de una financiación sostenible y el reconocimiento específico de la mediación en sordoceguera
El pasado 14 de enero de 2026, representantes de APSOCECAT se reunió con el Departamento de Derechos Sociales con el objetivo de abordar la situación actual de las personas con sordoceguera de Cataluña, así como la delicada situación financiera en la que se encuentra la entidad.
Durante la sesión, la asociación presentó dos documentos clave sobre la situación de la sordoceguera en Cataluña, basados en los datos de la encuesta EDAD 2020. Esta información confirma que la sordoceguera afecta mayoritariamenteríamente mujeres y personas mayoresun perfil que a menudo pasa desapercibido en los diagnósticos. En este sentido, se reivindicó la urgencia de mejorar los mecanismos de detección de casos, especialmente en centros residenciales, a fin de que estas personas puedan acceder a los recursos que necesitan.
La figura del Mediador vs. el Asistente Personal
Uno de los ejes centrales de la reunión fue la clara distinción entre la figura del Asistente Personal y la del Mediador en Sordoceguera. El presidente de la entidad, Ricard López, defendió que, si bien la ley contempla al asistente personal (a menudo orientado a la discapacidad física), las personas con sordoceguera no necesitan sólo cuidadores, sino mediadores comunicativos en sordoceguera.
Esta figura profesional requiere unas competencias comunicativas específicas y, sobre todo, un papel activo para conectar a la persona con su entornopermitiéndole vivir de forma plena. Como respuesta a esta reivindicación, el Departamento invitó a la entidad a participar en el futuro proceso de regulación del Asistente Personal, previsto para 2027, para garantizar que se incluyan las especificidades de la discapacidad sensorial.
Compromiso de futuro
La reunión sirvió para establecer vías de colaboración con el objetivo de salvaguardar la continuidad de los proyectos vitales de APSOCECAT. La entidad ofrece servicios de alta especialización y experiencia que actualmente no están cubiertos por el sistema público, lo que hace imprescindible asegurar su viabilidad.
Este diálogo institucional supone un paso adelante para definir qué recursos específicos —como la mediación especializada o la adaptación a las residencias— son necesarios para atender correctamente a la sordoceguera y cómo se puede articular la colaboración con la administración para hacer efectivos los derechos del colectivo.
