Denuncia contra NAD y otras empresas de colivings por incumplir la regulación en el alquiler de habitaciones – Sindicato de Alquiladores

Los inquilinos en riesgo de expulsión del blog Papallona y del blog Sant Agustí han entregado una copia de la denuncia en las oficinas de NAD

Los inquilinos en lucha de los bloques de Sant Agustí 14 y la Casa Papallona han presentado una denuncia contra New Amsterdam Developers (NAD), el fondo propiedad de los pisos en los que viven, para anunciar habitaciones en alquiler a precios que se saltan la regulación de alquileres. Esta mañana se han concentrado ante las oficinas de NAD, han entregado el dossier de denuncias donde se registran 13 anuncios de habitaciones con alquileres por encima del tope y de una carta con demandas hacia la propiedad y han hecho una rueda de prensa para explicarlo. Los incumplimientos sistemáticos de la regulación de alquileres son uno de los principales factores que inciden sobre la totalidad de los precios de alquiler en el mercado de la vivienda.

La denuncia se ha interpuesto ante la Agencia Catalana de Consumo y la Agencia de Vivienda de Catalunya y registra un total de 44 anuncios fraudulentos. Hemos documentado un total de 13 anuncios de habitaciones ubicados en fincas de NAD y 31 anuncios de habitaciones de otros fondos de inversión especializados en la comercialización de colivings, como Live it (Smart Rental Group). Las habitaciones se anuncian por precios muy por encima del tope, unos 900€ cada una, lo que supera con creces el precio marcado por la regulación de alquileres. A modo de ejemplo, una de las habitaciones ofertadas por NAD en el bloque de Sant Agustí tiene un precio de 950€ cuando Txema, quien vive en el piso de encima, está pagando un alquiler de 811€ por un piso entero de tres habitaciones.

Sin embargo, la denuncia en términos jurídicos se basa en la falta de información obligatoria en los anuncios – como el precio de referencia del índice de alquiler, el precio del contrato anterior y la condición de gran tenedor – no es un simple descuido, sino una acción deliberada para ocultar a los potenciales inquilinos información necesaria para defender sus derechos. Se trata de un grave incumplimiento de la normativa catalana de contención de rentas, regulada por el Decreto ley 11/2025 y por la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda. Este marco legal obliga a todas las personas físicas y jurídicas que comercializan viviendas situadas en áreas declaradas de mercado de vivienda tensado a informar de forma transparente sobre estos tres elementos, que permiten al inquilino saber si el precio anunciado respeta el límite legal.

NAD en el punto de mira por prácticas ilegales y expulsión masiva de vecinos

Los inquilinos han entregado el dossier de denuncia con las habitaciones ubicadas en pisos propiedad de NAD que ha ido convirtiendo en colivings a base de expulsar a los inquilinos. Este fondo de inversión, que cuenta con 12 bloques en la ciudad de Barcelona, ​​se ha dedicado a ir echando a los inquilinos que vivían allí para reformar los pisos, a menudo saltándose las normativas urbanísticas, y alquilarlos a precios de lujo. Esta fórmula, aunque cuestionable, fue legal mientras no existía una regulación de alquileres que aplicara al precio de las habitaciones, pero desde el 1 de enero de este año, las habitaciones también tienen tope de precios.

La falta de regulación del precio de habitaciones ha provocado durante los últimos años que muchos fondos de inversión expulsaran a los inquilinos para poder subir los precios y triplicar o cuadruplicar precios con los colivings. Actualmente, NAD ha confirmado al vecindario que no acatará la regulación y que pretende continuar con el negocio del coliving pese a que sea ilegal, por lo que sigue determinado a expulsar inquilinos de 12 fincas de Barcelona por continuar con este negocio. Es el caso del Txema Escorsa, que vive en el blog de Sant Agustí 14 y quien tiene una orden de desahucio prevista para el 25 de marzo, a pesar de seguir pagando el alquiler y haber dejado claro que quiere que le renueven el contrato.

Enter Coliving rechaza hacer negocios con NAD, pero sigue incumpliendo la ley
Sin embargo, la presión de las inquilinos organizadas empieza a causar estragos en NAD y ha provocado que la empresa Enter Coliving, quien hasta ahora comercializaba sus habitaciones y con quienes tenían un acuerdo de colaboración, haya decidido dejar de hacerlo. Este gesto fue comunicado al Sindicato a través de un correo formal por parte de esta empresa. Por su parte, NAD, ha creado la empresa New Nomads con la incorporación de dos nuevos socios, entre ellos Pedro Torrabadella (vinculado a Pax Advising y Olbers Valor Immobiliario) a través de la cual comercializa las habitaciones.

Lo que es contradictorio, es que Enter Coliving siga anunciando alquileres de habitaciones de otros propietarios y, por tanto, incumpliendo la ley, tal y como demuestra la denuncia que hemos interpuesto hoy, donde señalamos 15 anuncios fraudulentos de esta empresa. Otras empresas de este sector, como Live it o Cotown (propiedad de Vandor) también siguen en esta práctica y también han sido denunciadas por el Sindicato.

Tres trampas que utilizan las empresas de coliving para triplicar los alquileres frente a la inacción del Gobierno

Algunos sectores inmobiliarios alegan, tal y como explicaba Ferran Font, trabajador de pisos.com en 3catinfo, que no se aplica el tope de precios de las habitaciones porque consideran los colivings como “alojamiento compartido con espacios comunes”, un término reconocido en el Decreto 50/2020. La contradicción, es que este término “de alojamiento compartido con espacios comunes” implica que cada habitación-dormitorio debe tener una superficie de un mínimo de 24m2 y los espacios comunes deben tener un mínimo de 6m2, lo que no aplica a las habitaciones anunciadas.

Otras plataformas han optado por poner en los anuncios que la habitación debe estar destinada para “usos turíticos o recreativos”, información que contrasta con los mensajes del sector donde dicen que la “demanda” es de estudiantes o trabajadores. Aquí, la falta de inspección y revisión, por parte de la Agencia de Vivienda y la Agencia de Consumo, de la documentación necesaria para formalizar el contrato y justificar la finalidad recreativa, deja vía libre al incumplimiento de la ley.

Por último, otras plataformas formalizan contratos desglosados ​​donde, pese a que el precio final sea de 900€ por una habitación, atribuyen sólo una parte a la renta de la habitación, y la cantidad restante a sirve extras. Estos múltiples servicios van desde gastos propios de cualquier piso (suministros o internet) hasta servicios propios de un hostel o residencia de estudiantes, como limpieza semanal o acceso a actividades. Aquí habría que investigar si estas empresas realizan una actividad lucrativa propia de hoteles o residencias sin ningún tipo de licencia.

Carece absoluta de control y sólo 3 sanciones en un año

Ayer mismo, el Sindicato de Inquilinos de Cerdanyola y el de Montcada i Reixac presentaron 58 nuevas denuncias ante la Agencia Catalana de Consumo por anuncios fraudulentos detectados en los portales inmobiliarios Idealista, Habitaclia y Fotocasa.

Hace apenas un año, el 27 de febrero de 2025, el Parlament aprobó el régimen sancionador para poder perseguir los incumplimientos de la regulación de alquileres catalana. En este tiempo, la Agencia Catalana del Consumo y la Agencia de la Vivienda de Cataluña sólo han sancionado 13 incumplimientos. La cifra es ridícula, dado que las plataformas de anuncios de pisos y habitaciones de alquiler están acaparadas de anuncios fraudulentos.

Más allá de los anuncios que incumplen la ley, denunciamos una clara voluntad política de no controlar ni perseguir si los contratos de alquiler que se formalizan, ya sean de vivienda habitual, de alquiler temporal o de habitaciones, están aplicando el tope de precios. Este control es imprescindible para garantizar que los precios de alquiler bajan y que la patronal inmobiliaria se toma en serio el tope de precios. Los mecanismos para ello pasan por poner en marcha de una vez por todas un cuerpo de inspección de vivienda proactiva e inflexible que haga efectivas las sanciones ante los incumplimientos de la ley.