Alertan de que el Código de Accesibilidad podría acabar siendo “papel mojado”
El Código de Accesibilidad de Cataluña corre el riesgo de acabar siendo “papel mojado”. Ésta es la alerta que hace la Federación ACAPPS (Federación de Asociaciones Catalanas de Familias y Personas con Sordera), viendo que a pesar de que el código fue aprobado hace más de dos años.concretamente en noviembre de 2023– la realidad dista mucho del compromiso que el Gobierno adquirió. La razón: detectan carencias en su despliegue y supervisión efectiva.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Audición, que se celebra este miércoles, la entidad señala que una de las cuestiones detectadas es el retraso en las obligaciones previstas en el código. Concretamente, el 1 de marzo de 2026 ha vencido el plazo para la aplicación de diversas obligaciones de accesibilidad en diferentes ámbitos y sectores profesionales.
En este sentido, la federación advierte que le consta “que la implementación actual es todavía parcial”, por lo que están “preocupadas”, a pesar de que los plazos comenzaron el 1 de marzo de 2024.
Asimismo, señalan que ya han vencido dos plazos relevantes –marzo de 2025 y marzo de 2026– en los que determinados sectores debían haber implementado medidas concretas. Por ejemplo, desde este 1 de marzo, mercados municipales, equipamientos culturales, restauración, discotecas o locales comerciales superiores a 250 metros cuadrados deberían contar con una ficha de accesibilidad. Por otra parte, administraciones, entidades de derecho público, supermercados y recintos culturales grandes deberían facilitar web accesibles. Asimismo, el 20% de los puestos de trabajo deberían ser accesibles según las obligaciones del código.
La accesibilidad, un derecho reconocido
Según recuerda ACAPPS, la normativa de accesibilidad es algo “básico” para la autonomía de las personas con sordera y otras discapacidades visuales o sensoriales, ya que estas normas blindan que puedan ejercer sus derechos fundamentales. “La accesibilidad es un derecho reconocido, y confiamos en que administraciones, empresas y entidades se comprometan a hacer cumplir los plazos del Código, y que éste se despliegue de manera efectiva, garantizando la autonomía personal de toda la ciudadanía”, reclaman desde la organización.
Por otro lado, desde la federación se ofrecen a acompañar y asesorar en la implementación del código a todas aquellas organizaciones o profesionales a las que interpela la normativa.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 174.000 personas se declaran con discapacidad auditiva en Cataluña, de las que el 97,8% se comunican oralmente. Unos datos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), pueden seguir creciendo hasta el 2050, cuando calculan que una de cada cuatro personas sufrirá algún problema auditivo.
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